Qué hay detrás de la crisis en el Constitucional polaco: siete jueces denuncian una intervención ilegal

Siete jueces veteranos del Tribunal Constitucional de Polonia han denunciado este sábado una intervención "completamente ilegal" en el alto tribunal. El tribunal está formado por 15 magistrados. La denuncia responde a la suspensión de su presidente y de su adjunto, y a la proclamación de una jueza afín al primer ministro, Donald Tusk, como nueva presidenta.

Los hechos se remontan al viernes. La jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendió durante un mes a Bogdan Swieczkowski, presidente del tribunal, y a Bartlomiej Sochanski, su adjunto. Lo hizo mientras la policía rodeaba la sede del Constitucional. Después se proclamó presidenta del órgano.

Para entender el conflicto hay que mirar la disputa sobre los nombramientos. El Gobierno de Tusk ha impulsado en los últimos meses la designación de hasta seis nuevos magistrados. El presidente polaco, Karol Nawrocki, solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos. Esa negativa ha bloqueado la renovación del tribunal y ha alimentado la tensión entre el Ejecutivo y la jefatura de Estado.

La situación tiene implicaciones institucionales de peso. El Constitucional es el órgano encargado de revisar la conformidad de las leyes con la Constitución. Quien controle su composición puede influir en la validez de las normas aprobadas por el Parlamento. Por ello, la pugna trasciende la figura de los jueces y afecta al equilibrio de poderes.

Nawrocki denunció que se había violado el orden constitucional después de acceder de noche a la sede del tribunal. Anunció después una ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria. Mientras tanto, siguen llegando manifestantes a la sede, en medio de un despliegue policial.

El episodio se inscribe en una larga confrontación entre el Gobierno liberal de Tusk y el sector conservador próximo a la presidencia sobre el papel de las instituciones judiciales. La evolución de los próximos días dependerá de si se alcanza un acuerdo entre los poderes del Estado o si el conflicto se prolonga y se judicializa aún más.