Qué hay detrás de los 60 registros de la Policía italiana tras las protestas del viernes
La Policía italiana practica 60 registros en 23 ciudades por incitación a la violencia en las protestas del viernes, con más de 255.000 manifestantes según cifras oficiales.
La Unidad de Operaciones Especiales (DOES) de la Policía italiana ha practicado 60 registros en 23 localidades de todo el país. Las pesquisas se dirigen contra personas que, según las autoridades, incitaron a la violencia en salas de chat y redes sociales durante las manifestaciones del viernes. La operación responde a los enfrentamientos registrados en la jornada de protesta.
Las movilizaciones fueron de gran dimensión. Según las estimaciones oficiales, más de 255.000 personas participaron en las más de 40 concentraciones convocadas por trabajadores y estudiantes. El sindicato USB eleva esa cifra por encima del millón. Solo en Roma, los organizadores hablan de 100.000 manifestantes, y en Milán de más de 50.000.
Los incidentes se concentraron en Turín y Roma. El sindicato policial COISP cifra en al menos trece los agentes heridos, entre policías y carabineros, uno de ellos con una fractura que requerirá cirugía. En la capital, las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua para contener a un grupo que lanzaba botellas, piedras, cócteles Molotov y petardos en dirección al Coliseo y a la sede del Parlamento. Se identificó a 369 personas y se presentaron denuncias contra siete por delitos como resistencia agravada a la autoridad.
El debate de fondo va más allá del orden público. Las protestas aglutinan reivindicaciones sobre el coste de la vida, la sanidad pública, la situación de las universidades y la precariedad laboral, así como la oposición al aumento del gasto militar, bajo el lema de que no se pagará por la guerra. En Turín, los manifestantes anunciaron movilizaciones semanales hasta que se produzcan cambios, lo que sitúa el conflicto en un terreno de protesta sostenida.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, subrayó el equilibrio y la eficacia de las fuerzas de seguridad y defendió que la garantía del orden es condición para el ejercicio de las libertades, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente. La cuestión que queda abierta es si las investigaciones sobre la incitación en redes sociales se mantendrán dentro de los límites de la libertad de expresión y si el Gobierno logrará canalizar un malestar social que ya desborda las calles de las grandes ciudades.