La Izquierda abre negociaciones para gobernar Berlín con SPD y Los Verdes
La Izquierda, primera en Berlín, negocia gobernar con SPD y Verdes; plantea socializar 160.000 viviendas en pulso con el Gobierno federal.
La Izquierda, primera fuerza en las elecciones regionales de Berlín del 20 de septiembre, ha aprobado en su congreso iniciar negociaciones para formar gobierno en coalición con el SPD y Los Verdes. La decisión se suma al respaldo ya confirmado de socialdemócratas y ecologistas, que comenzarán las conversaciones este lunes, seis semanas después de los comicios.
En las urnas, La Izquierda obtuvo el 25,7% de los votos, por delante de la CDU (18,8%), Alternativa para Alemania (16,3%), Los Verdes (14,3%) y el SPD (12,1%). El gobierno saliente es una coalición entre democristianos y socialdemócratas, un esquema similar al que sostiene el Ejecutivo federal de Friedrich Merz.
La líder de La Izquierda en la capital, Elif Eralp, ha reaccionado con firmeza a las presiones que, según denuncia, ha ejercido la CDU para impedir que el SPD y Los Verdes respalden su candidatura. Eralp sostiene que el mandato de las urnas obliga a impulsar un cambio en la ciudad.
Uno de los objetivos centrales de la futura negociación es la socialización de unas 160.000 viviendas propiedad de cinco grandes inmobiliarias, mediante una indemnización. La medida toca uno de los problemas más sensibles de Berlín, donde el precio del alquiler y la presión sobre el parque residencial son motivo de debate político desde hace años.
La iniciativa tiene además una dimensión federal. El Gobierno central prepara una ley diseñada específicamente para dificultar este tipo de expropiación o socialización, lo que convierte las conversaciones berlinesas en un pulso que trasciende la capital. El desenlace de las negociaciones podría marcar el tono de la relación entre la izquierda y el bloque conservador en los próximos años.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si el acuerdo cuaja y si las propuestas sobre vivienda pueden superar el marco legal que se perfila desde Berlín federal. Más allá de la ciudad, el caso se observa como un termómetro de hasta qué punto las políticas de vivienda radicales pueden traducirse en gobierno en una gran metrópolis europea.