Italia vuelve a la calle en huelga general: un millón de personas según el sindicato USB
Miles de personas protestan en Italia contra el Gobierno de Meloni en una huelga general por el coste de vida y el gasto en defensa.
Miles de personas han vuelto a manifestarse este viernes en toda Italia contra el Gobierno de Giorgia Meloni, en el marco de una huelga general convocada por la Unión Sindical de Base (USB). Según el propio sindicato, cerca de un millón de personas se habría sumado a la jornada. Ni el Ejecutivo ni la Policía han ofrecido por ahora cifras oficiales.
Las marchas principales se han desarrollado en Roma, Milán, Nápoles y Turín, con estudiantes de institutos y universidades sumándose a la convocatoria en estas ciudades y en más de cincuenta localidades adicionales. El sindicato reclama medidas frente al alto coste de la vida y pide que se reoriente el gasto público, cuestionando el peso creciente del gasto en defensa.
El movimiento tiene un antecedente reciente. Las protestas estallaron a mediados de octubre y derivaron en graves disturbios hace dos semanas, cuando más de 200 agentes resultaron heridos solo en Milán. Por ello, las fuerzas de seguridad han desplegado dispositivos de gran tamaño en todo el país.
En Turín, en la plaza Castello, se produjeron enfrentamientos: los manifestantes avanzaron hacia los agentes y lanzaron objetos, y la Policía recurrió a cañones de agua. En Vicenza, en la región del Véneto, una decena de agentes resultaron heridos. En Milán, las informaciones de la agencia Adnkronos cifran en unas 25.000 las personas que marchaban en ese momento.
Detrás de la movilización subyace una presión económica sostenida sobre los hogares italianos, sobre todo los de rentas bajas y medias. La inflación, el encarecimiento de la gasolina y el diésel y el estancamiento de los salarios erosionan el poder adquisitivo. A ello se suma la dificultad para acceder a una vivienda asequible en las grandes ciudades, un problema que ha ganado peso en el debate público.
Las claves de la jornada apuntan a un malestar que va más allá de una reivindicación sectorial. El Gobierno tendrá que responder a demandas de salarios, vivienda y prioridades presupuestarias en un momento de fuerte tensión social. Si la movilización se mantiene, el pulso entre el Ejecutivo y la calle podría condicionar la agenda económica de los próximos meses, en un contexto en el que el auge de las protestas se repite en varios países europeos.