Frente Amplio exige la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda
Frente Amplio pide la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda (69 fallecidos) y mantiene la presión sobre el ala socialista del Gobierno.
Frente Amplio ha exigido formalmente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos hasta el momento. La coalición traslada así una presión directa al ala socialista del Gobierno en plena precampaña electoral.
La candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha trasladado esta petición a Moncloa. Considera que la dimisión debe producirse «lo antes posible», sin fijar una fecha concreta. Colau también ha criticado el tono empleado por el ministro en su comparecencia parlamentaria.
El núcleo del argumento es la confianza en el sistema ferroviario. Colau recuerda que se han producido dos tragedias en la alta velocidad en muy poco tiempo, la de Urda y la de Adamuz (Córdoba) en enero. Según su planteamiento, ese deterioro de la confianza exige una respuesta política «a la altura» y rápida.
Puente rechaza dimitir. Sostiene que la forma de asumir responsabilidades es «dar la cara» ante la tragedia y afirma que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa distancia pública con el Ejecutivo sitúa a Frente Amplio, heredero en estas elecciones de Sumar, en una posición de mayor exigencia que la del propio PSOE.
La presión no se limita a la izquierda. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, habla de un problema «grave» y considera que la permanencia de Puente «dificulta» la solución. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García pidió también la dimisión, y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, reclamó «responsabilidades políticas máximas» al presidente, sin citar expresamente al ministro.
Colau ha rechazado además que se sitúe a los trabajadores «a los pies de los caballos». Sostiene que atribuir el fallo a una sola persona sería injusto y no serviría ni para resolver los problemas ni para prevenirlos. El debate queda así abierto entre la exigencia de responsabilidad política y la búsqueda de causas técnicas y estructurales, en un momento en que la seguridad de la alta velocidad se ha convertido en un asunto central de la agenda electoral.