Fujimori elogia el modelo de seguridad de Bukele y Perú estudia adaptarlo
Fujimori elogia la política de seguridad de Bukele y anuncia que Perú evaluará adaptar su modelo. Acuerdos firmados en San Salvador en seguridad, justicia y salud.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, calificó este viernes a El Salvador como un «faro de esperanza para Latinoamérica» durante su visita de Estado a San Salvador. La mandataria peruana anunció que su Gobierno evaluará y adaptará elementos del modelo salvadoreño de seguridad a la realidad de su país.
La visita incluyó una reunión bilateral de unos treinta minutos en la Casa Presidencial, seguida de la firma de una declaración conjunta y de varios convenios de cooperación interinstitucional. Los acuerdos abarcan seguridad, justicia, salud y educación. Fujimori también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las instalaciones emblemáticas de la política penitenciaria de Bukele.
El contexto es clave para entender el alcance del anuncio. Desde 2022, El Salvador aplica un régimen de excepción que ha permitido detenciones masivas de presuntos miembros de pandillas. Esa estrategia ha reducido de forma notable los homicidios, pero también ha suscitado críticas de organismos de derechos humanos por las garantías procesales y las condiciones de detención. Estas críticas forman parte del debate que la propuesta peruana tendrá que afrontar.
Las medidas que Lima contempla son diversas. Entre ellas figuran la construcción de penales de alta seguridad, programas de trabajo penitenciario bajo el esquema denominado «cero ocio», la tramitación legal para declarar a las organizaciones criminales como grupos terroristas y la creación de un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cada una de estas medidas exige reformas legislativas y un encaje constitucional propio.
Bukele, por su parte, agradeció la visita y se mostró dispuesto a compartir sus estrategias con «países hermanos». Sin embargo, subrayó que cada Estado debe adaptar las soluciones a su propio marco legal y a las características de su criminalidad. El mandatario salvadoreño defendió además la transformación de su país hasta convertirse, según sus palabras, en «el país más seguro del continente y del hemisferio occidental».
Las implicaciones de la propuesta van más allá de la seguridad interna. Un acercamiento formal entre Lima y San Salvador en materia penal refuerza la tendencia de algunos gobiernos latinoamericanos a adoptar un enfoque de mano dura frente al crimen organizado. Queda por ver si el modelo puede trasladarse a contextos institucionales distintos, con sistemas judiciales, cifras de criminalidad y tejido social diferentes.
La perspectiva inmediata dependerá de la capacidad del Congreso peruano para aprobar las reformas necesarias y de la respuesta de la sociedad civil y de los organismos internacionales. El debate sobre si la eficacia en la reducción de la violencia compensa las garantías jurídicas recortadas seguirá siendo el eje de la discusión en la región.