Qué hay detrás del cerco policial al Constitucional polaco y la crisis de su cúpula judicial

La Policía polaca ha rodeado la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia en la noche del viernes, en el punto más tenso de un conflicto que lleva meses enfrentando al Gobierno de Donald Tusk con el presidente Karol Nawrocki y con Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Justicia. Tres personas han sido detenidas por intentar acceder al edificio y las fuerzas de seguridad han desplegado una operación contra lo que describen como comportamientos agresivos.

La crisis tiene su origen a comienzos de este año. Nawrocki, aliado de Kaczynski, se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces que el Parlamento había propuesto para el tribunal. Frente a ello, el presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, impidió que los magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria asumieran sus funciones. Así se creó un bloqueo institucional que se ha prolongado durante meses.

El episodio actual agrava ese bloqueo. La agencia oficial PAP informó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes, y que sus nombres habían desaparecido de la web del tribunal por decisión de la jueza Anna Korwin-Piotrowska. Poco después, la propia corte denunció una "toma ilegal" de su página y sostuvo que Korwin-Piotrowska no la representa.

El choque tiene una dimensión que va más allá de la pugna por las plazas judiciales. Para el Gobierno de Tusk, el objetivo es recuperar el Estado de derecho tras los años de gobierno de Ley y Justicia, un proceso que el primer ministro reconoce como difícil y, en ocasiones, doloroso. Para la oposición, en cambio, las medidas constituyen una injerencia del poder político en un órgano de control, y así lo han presentado tanto Kaczynski como el propio Nawrocki.

La gravedad del momento radica en que el conflicto ya no se dirime solo en los tribunales ni en el Parlamento, sino también en la calle y en las instituciones de seguridad. La interrupción del viaje del presidente a Senegal, que ha dado media vuelta para regresar al país, muestra hasta qué punto la situación se percibe como un asunto de máxima urgencia. Queda por ver si el choque se resuelve por vía judicial, política o si se prolonga como una confrontación institucional abierta.

Lo que ocurra en los próximos días será decisivo para la credibilidad del Constitucional como árbitro de la legalidad y para el equilibrio de poderes en Polonia. Un tribunal cuya composición se disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo pierde su función de garante, y el desenlace marcará el margen de maniobra de los actores políticos en un país que vuelve a debatir el alcance de la separación de poderes.