Andalucía estudia recurrir el reparto de 180 millones en ayudas a zonas tensionadas
La Junta de Andalucía estudia recurrir el reparto de 180 millones a zonas tensionadas por posible inconstitucionalidad, en plena disputa por la política de vivienda.
El Gobierco de Andalucía estudia si el reparto de 180 millones de euros que prepara el Ejecutivo central para las comunidades con zonas de mercado residencial tensionado incurre en inconstitucionalidad. Así lo ha anunciado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía.
La cantidad destinada a estas ayudas se ha duplicado, pasando de 90 a 180 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula los fondos hace apenas una semana. Los recursos se dirigen a cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas, con Cataluña como principal beneficiaria, al recibir 112 millones.
Según la Junta, los fondos buscan incentivar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización. Sin embargo, el Gobierno andaluz cuestiona por qué estas medidas no se extienden al resto de comunidades. Díaz sostiene que el criterio de reparto responde a un sesgo político, ya que declarar o no una zona tensionada es una decisión potestativa de cada autonomía.
El debate de fondo enfrenta dos modelos. La Junta defiende las áreas prioritarias de vivienda incluidas en su propia Ley de Vivienda, frente a la limitación de precios que implican las zonas tensionadas. Para la consejera, la prohibición aleja viviendas del mercado, y advierte de que en Cataluña la demanda por cada anuncio de alquiler se ha multiplicado por cinco o seis.
La disputa se inscribe en un conflicto más amplio entre Andalucía y el Ejecutivo central por las competencias en vivienda, transferidas a las comunidades. Díaz lamenta la falta de diálogo y recuerda que la Ley de Vivienda de 2023 se aprobó con acuerdos parlamentarios, sin consenso con comunidades ni con el sector. La Junta ya recurrirá al Tribunal Constitucional dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso, a los que atribuye posible invasión de competencias autonómicas y vulneración de la propiedad privada.
El resultado de este pulso jurídico marcará el margen de maniobra de las comunidades en política de vivienda. Si el Constitucional admite el recurso, el reparto de fondos y la regulación de los alquileres podrían redefinirse, con efectos directos sobre la oferta disponible y la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos en los próximos meses.