Tres consejeros de Ceuta acusan a Marruecos de pasividad ante la entrada masiva de julio

Tres consejeros del Gobierno de Ceuta han declarado ante la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, que investiga la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Según fuentes jurídicas, sostienen que las autoridades marroquíes actuaron con pasividad durante los sucesos y también en la gestión de los 90 cadáveres recuperados.

Las testificales corresponden a Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda. Sus declaraciones abren un frente político de primer orden entre la administración autonómica y el Gobierno central.

Uno de los episodios más relevantes es el relato de la consejera de Sanidad. Según su testimonio, acudió varias veces a la frontera el 30 de julio. En la última visita, de madrugada, se encontró con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien afirmó que Marruecos estaba colaborando. La jueza le preguntó si consideró esa frase irónica. Ella respondió que no podía saberlo, aunque reconoció haberse sentido ofendida.

El problema práctico también fue considerable. La ciudad disponía de espacio para siete cadáveres, por lo que tuvo que buscar alojamiento para 90. La consejera de Sanidad añadió que Marruecos rechazó la recepción de los cuerpos, incluidos los ya identificados. Los consejeros describen además que algunos agentes marroquíes aparecían distraídos, mirando el teléfono o rezando. Sin embargo, los testigos también señalan que la entrada se produjo de forma organizada, un matiz que sitúa los hechos más allá de una simple falta de control fronterizo.

El caso tiene implicaciones que van más allá del procedimiento judicial. Afecta a la relación bilateral entre España y Marruecos, a la coordinación en materia migratoria y al papel de la delegación del Gobierno en una ciudad autónoma de frontera. La declaración de testigos del Gobierno ceutí contrasta con el discurso oficial de colaboración, lo que obliga a aclarar responsabilidades en ambos lados.

La investigación de la Audiencia Nacional determinará si existió una falta de cooperación o una responsabilidad penal relevante. A medio plazo, el episodio puede condicionar la negociación sobre control fronterizo y la gestión de cadáveres y repatriaciones en el Estrecho. Las próximas declaraciones y el eventual informe de la instrucción serán claves para valorar el alcance político del caso.