Qué hay detrás de la intervención de Tusk en el Constitucional polaco
Tusk defiende la intervención del Constitucional polaco y acusa al PiS y a bots rusos. Claves de un pulso institucional que afecta al estado de derecho.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, defendió este sábado la intervención del Tribunal Constitucional registrada el viernes. Según sostuvo, esa medida era necesaria para frenar lo que describe como una destrucción progresiva del estado de derecho en Polonia, atribuida al partido Ley y Justicia (PiS) y a los presidentes Andrzej Duda y Karol Nawrocki.
El conflicto estalló el viernes, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendió durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y a su adjunto, Bartłomiej Sochański. La sede del tribunal estaba rodeada por la Policía, bajo las órdenes del Gobierno de Tusk. Ese mismo día, el jefe del Estado, Karol Nawrocki, entró en el edificio, en un episodio que derivó en un enfrentamiento físico con la magistrada.
Para entender el fondo de la crisis hay que remontarse a los años de gobierno del PiS, cuando se modificó la composición y el funcionamiento del Constitucional. El actual Ejecutivo sostiene que aquel tribunal no era imparcial y que su legitimidad debe restablecerse. Desde la oposición conservadora se rechaza esa lectura y se denuncia lo que consideran una injerencia del poder político en la justicia.
El núcleo del pulso institucional es el nombramiento de nuevos magistrados. El Gobierno ha impulsado la elección de hasta seis miembros del tribunal, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos. Los jueces elegidos por el Parlamento no pueden ejercer plenamente sus funciones sin ese acto formal, lo que ha bloqueado el funcionamiento del órgano durante semanas.
Las implicaciones van más allá de la disputa jurídica. Tusk vincula parte de la movilización ciudadana y de la presión en internet a campañas de bots rusos, una acusación que refuerza el marco de confrontación entre europeísmo y soberanismo conservador. Sin embargo, la atribución de motivos es difícil de verificar, y el debate sobre la independencia judicial sigue abierto en el seno de la propia sociedad polaca.
La situación plantea un precedente delicado para el equilibrio de poderes en Polonia. Su resolución dependerá de si las instituciones logran recuperar un funcionamiento aceptado por todas las partes y de si el diálogo político permite cerrar un conflicto que ya afecta a la credibilidad del sistema judicial ante sus socios europeos.