Qué hay detrás de la retirada de la acampada de Sol y su traslado a los barrios

La mayoría de las comisiones de la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid se han disuelto. Sus integrantes han decidido abandonar la plaza, tras más de un mes de ocupación, para trasladar su actividad a los barrios. Así lo recoge un comunicado de Acampada 26S, difundido este sábado 31 de octubre.

El movimiento sostiene que el campamento ha cumplido sus objetivos. Según el texto, la acampada se transforma ahora en un movimiento social de clase trabajadora. Sus representantes centrarán sus esfuerzos en preparar y apoyar la huelga general convocada para el 11 de noviembre. No todos los participantes se marchan: dos de las comisiones que estaban presentes desde el inicio permanecerán en la plaza.

El contexto institucional pesa en la decisión. La Delegación del Gobierno en Madrid envió el lunes una carta a los interlocutores de la acampada. En ella pedía levantar el campamento, al considerar que había transcurrido un tiempo razonable desde su instalación y que las condiciones y reivindicaciones habían cambiado. Fuentes de la Delegación indicaron que esa fue una de las últimas decisiones de Francisco Martín antes de su dimisión, y que se inscribe en la línea de su sucesora, Pilar Trinidad.

El caso tiene también una dimensión judicial. La Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín. La acusación se basa en presuntos delitos de prevaricación administrativa, por no desalojar la Puerta del Sol, y de omisión del deber de perseguir delitos que, según la Comunidad, se cometían de forma continuada en lo que califica como acampada ilegal.

Las implicaciones son varias. La retirada parcial reconfigura el pulso entre movimiento social y poder público. Traslada la protesta del espacio simbólico del centro a los barrios, y la vincula a una convocatoria de huelga general. A la vez, la querella abre un frente sobre la responsabilidad de los responsables de la delegación gubernamental en la gestión del asentamiento.

La evolución de la protesta dependerá en buena medida de la cita electoral del 29 de noviembre y de la respuesta a la huelga del 11 de noviembre. Las organizaciones han advertido que seguirán reclamando el derecho a la vivienda con independencia de la composición del Congreso que resulte de las urnas. Queda por ver si el cambio de formato consolida un movimiento más amplio o diluye su presencia pública.