Prisiones defiende la semilibertad de 'Anboto', exlíder de ETA, por decisión judicial.

En la jornada del martes, el Partido Popular (PP) tomó la oportunidad de expresar su rechazo durante la comparecencia de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, ante la Comisión de Interior del Congreso. En esta sesión, los 'populares' denunciaron la reciente concesión de semilibertad a internos de ETA, como es el caso de Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', destacando su preocupación por esta decisión.

Ortiz, en su defensa, aseguró que la responsabilidad de otorgar libertad a los prisioneros recae únicamente en los tribunales de justicia españoles, argumentando que ni la administración penitenciaria del Ministerio del Interior ni la del País Vasco tienen autoridad para ello.

La diputada Ana Vázquez y otros miembros del PP señalaron con vehemencia lo que consideran un "pacto vergonzoso" entre el Gobierno socialista y EH Bildu, que según su opinión ha facilitado la salida de exlíderes terroristas como 'Anboto' y 'Txeroki' bajo medidas de flexibilización que establece el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario español.

"El socialismo ha traicionado a las víctimas en favor de quienes han causado dolor", manifestaron representantes del PP durante el debate, condenando lo que consideran un trato inadecuado hacia las víctimas del terrorismo de ETA. Criticaron también el traslado de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, que permite a una consejera del PSOE tomar decisiones en este ámbito.

Asimismo, el PP y Vox hicieron un llamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que preste atención a las quejas recurrentes de los funcionarios de prisiones, resaltando que "cada 20 horas se registra una agresión" y mencionando el alarmante hallazgo de 1.327 objetos punzantes artesanales confiscados en el último año.

En respuesta, Ángel Luis Ortiz defendió que su secretaría no solo se ocupa de los temas que ocurren en las prisiones, sino que también mantiene una comunicación activa con las organizaciones sindicales. Destacó la importancia de una reciente negociación para "actualizar el protocolo de actuación ante agresiones" en las cárceles.

Asimismo, Ortiz mencionó que desde 2022 se han implementado mejoras en los protocolos de registro que ahora incluyen conductas como empujones o lanzamientos de objetos dentro de las estadísticas de agresiones. “Es crucial que se reconozca el trabajo de los funcionarios”, subrayó, abogando por una legislación que permita a la administración compensar económicamente a los empleados afectados en el desempeño de su duty.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias recordó que están pendientes mejoras legales en este sentido en el parlamento y se refirió a las investigaciones internas y a la Fiscalía para responder a las acusaciones de irregularidades en los contratos del centro penitenciario Madrid VII-Estremera.