El TSJC archiva la causa contra Garriga por el 1-O tras aplicar la amnistía
El TSJC archiva la causa contra Garriga por el 1-O tras la ley de amnistía, en un contexto de tensión política en Cataluña y cambios en la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido archivar la causa contra la exconsellera Natàlia Garriga, vinculada a los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, tras aplicar la Ley de Amnistía aprobada en 2024. La resolución implica que se sobresee el expediente sin responsabilidades penales, considerando que sus acciones se enmarcan en el contexto del proceso independentista catalán.
La causa estaba relacionada con su papel como directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y se centraba en supuestos delitos de desobediencia en el marco del proceso de organización del referéndum, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La amnistía aprobada en 2024 cubre específicamente conductas relacionadas con delitos políticos y de desobediencia vinculados a aquellos hechos.
El tribunal fundamenta su decisión en la Ley Orgánica 1/2024, que otorga amnistía a quienes participaron en el proceso independentista, incluyendo a Garriga, quien fue acusada de facilitar la celebración del referéndum. La sentencia señala que no existen dudas sobre la aplicabilidad de la ley en su caso y que las conductas atribuidas se encuentran claramente protegidas por la misma.
Este fallo refleja el impacto de la ley de amnistía en la justicia catalana, que ha permitido el cierre de numerosos procesos judiciales relacionados con el 'procés'. La decisión también tiene implicaciones políticas, dado que refuerza la percepción de una revisión de las acciones judiciales contra los líderes independentistas tras la aprobación de la ley.
El contexto político en España continúa marcado por la tensión entre el Gobierno central y los movimientos independentistas catalanes, con la ley de amnistía como un elemento central en la estrategia del Ejecutivo para tratar de estabilizar el escenario político en Cataluña y reducir la judicialización del proceso independentista.
En un escenario más amplio, esta resolución subraya el papel de la legislación en la configuración de la responsabilidad penal en conflictos políticos y la influencia de las decisiones legislativas en el funcionamiento del Estado de Derecho, especialmente en contextos de alta tensión territorial y constitucional.