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Londres detiene a 139 personas en apoyo a Palestine Action, grupo ilegalizado por terrorismo

139 detenidos en Londres en apoyo a Palestine Action, grupo ilegalizado. El Supremo decidirá el 4 de noviembre sobre su designación terrorista.

Redacción · Crónica España 2 min de lectura

Las autoridades británicas han detenido a 139 personas durante una concentración celebrada este sábado en Londres en apoyo a Palestine Action, organización ilegalizada desde junio de 2025. La protesta se dirigió a la Embajada de Estados Unidos en la capital y al Consulado estadounidense en Edimburgo.

La legislación británica considera delito el apoyo explícito al grupo, que queda recogido en la Ley de Terrorismo. Ese marco legal es el núcleo del conflicto: la prohibición convierte en punible una expresión de solidaridad que, en otros contextos, formaría parte del debate político ordinario.

La trayectoria judicial del caso ha sido sinuosa. En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales declaró desproporcionada la ilegalización. Sin embargo, en junio el Tribunal de Apelaciones la confirmó, lo que devolvió plena vigencia a la medida.

Las cifras de detenciones muestran el alcance de la respuesta policial. En lo que va de año se han contabilizado 3.867 detenciones por actividad terrorista, de las cuales el 94 % están relacionadas con el apoyo a Palestine Action. En los doce meses anteriores a la ilegalización se registraron 234 detenciones por terrorismo, lo que evidencia un cambio de escala considerable.

Este salto cuantitativo plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley de terrorismo a conductas de protesta civil. Organizaciones de defensa de los derechos civiles han intervenido en el proceso, y el debate sobre la proporcionalidad de la medida se ha trasladado al terreno político y social del Reino Unido.

El próximo 4 de noviembre, el Tribunal Supremo deberá resolver el recurso contra la designación de Palestine Action como organización terrorista. La decisión marcará un precedente sobre los límites entre seguridad nacional y libertad de expresión, y será seguida de cerca por juristas y entidades civiles tanto en Reino Unido como en el resto de Europa.

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