El Gobierno garantiza tiempo ample para procesar solicitudes de regularización migratoria.

En Madrid, el 31 de marzo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que habrá un tiempo razonable para procesar las solicitudes en el contexto de la reciente regularización extraordinaria de migrantes. Esta afirmación fue realizada durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se abordaron las inquietudes sobre la fecha de inicio del proceso y la posibilidad de extender los plazos si se presentan retrasos.

El Gobierno había establecido que la tramitación comenzará a principios de abril y concluirá el 30 de junio. Aunque Saiz evitó proporcionar una fecha exacta, aseguró que "estamos dentro del calendario previsto". La portavoz del Gobierno enfatizó que los interesados no deben preocuparse, ya que dispondrán de tiempo suficiente para completar la documentación necesaria.

En relación a los comentarios del Comisario de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, quien indicó en una entrevista que un inmigrante regularizado en España podría ser repatriado si intenta residir en otro país, Saiz precisó que la regularización otorgará derechos laborales en España, respaldando así el proceso propuesto por su ministerio.

El Ministerio de Inclusión ha señalado que la regularización estará destinada a extranjeros que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una estancia continua de al menos cinco meses en el país al momento de presentar su solicitud. Este requisito puede acreditarse mediante diversos documentos, tanto públicos como privados.

Además, para quienes soliciten protección internacional, será suficiente que su solicitud haya sido presentada antes de la misma fecha y pueda ser verificada. Otro aspecto esencial del proceso es la exigencia de no tener antecedentes penales que representen una amenaza para el orden público. Aquellos que cumplan con estos requisitos recibirán una autorización de residencia que inicialmente será válida por un año, tras el cual deberán integrarse en los regímenes ordinarios establecidos en la normativa de extranjería.

Este proyecto apunta principalmente a personas que ya llevan un tiempo en España y que han quedado al margen de las vías habituales de regularización. Esto incluye a aquellos con solicitudes de protección internacional en curso o denegadas que no han podido acceder a medidas de arraigo. La iniciativa se aplicará de manera general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requerimientos establecidos.

Asimismo, el proceso permitirá la regularización de los hijos menores de los solicitantes que se encuentren en España, quienes recibirán un permiso con una duración de cinco años, asegurando así que las familias puedan estar juntas y comenzar su proceso de integración en la sociedad española.