Qué hay detrás de la denuncia de gas tóxico en Taiz y el cerco hutí a la ciudad

La coalición militar que apoya al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, liderada por Arabia Saudí, ha acusado a los rebeldes hutíes de emplear proyectiles con sustancias tóxicas en los frentes de Taiz, con síntomas de asfixia y pérdida de conocimiento entre la población civil. La denuncia, difundida mediante un comunicado de su portavoz, el coronel Majid al Nuzaili, pide una investigación internacional inmediata.

La acusación no puede verificarse de forma independiente por el momento. La coalición reclama determinar la naturaleza de los componentes químicos, documentar los efectos sobre los afectados y establecer quién los fabricó o suministró. Hasta que existan análisis técnicos y testimonios contrastados, el episodio debe leerse como una denuncia de parte en un conflicto donde todas las fuerzas se acusan mutuamente de violaciones.

El contexto es el de una ciudad sometida a un asedio prolongado. Taiz, la tercera urbe más grande de Yemen, sufre desde hace años ataques de francotiradores, bombardeos contra zonas residenciales y restricciones al paso de agua, alimentos y medicinas. El Ejército yemení enmarca el supuesto uso de gases dentro de esa escalada y acusa a los insurgentes de romper el cerco y violar las normas de combate.

La organización Human Rights Watch alertó esta semana de que la crisis humanitaria en Taiz se ha agravado de forma drástica desde principios de octubre, al cerrarse la principal ruta de suministro hacia Adén. La ONG sostiene que privar a la población de alimentos y agua puede constituir un crimen de guerra cuando se usa la inanición como método de combate. Esa valoración jurídica apunta a responsabilidades que trascienden a una sola parte.

Las implicaciones políticas son claras. La denuncia sirve a la coalición para reforzar su narrativa en un momento de máxima tensión militar. Tras la ofensiva rebelde lanzada el 3 de septiembre contra el Ejecutivo reconocido, Riad anunció en octubre una contraofensiva destinada a recuperar el litoral occidental y avanzar hacia Saná, bajo control hutí desde 2014. Cada acusación de este tipo tiene un peso estratégico además de humanitario.

A medio plazo, el caso pondrá a prueba la capacidad de la ONU y de los organismos internacionales para exigir rutas humanitarias y verificar hechos sobre el terreno. Sin acceso independiente a Taiz, la verdad de lo ocurrido seguirá dependiendo en gran medida de las versiones de las partes en combate.