Qué hay detrás de la petición de la jueza al Gobierno para desclasificar documentos del CNI sobre Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, María Tardón, ha pedido al Gobierno la desclasificación «con carácter urgente» de varios documentos e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros y ha concedido un plazo de 15 días para aportar la documentación.

El requerimiento se formaliza en un auto judicial. La magistrada reclama las notas e informes que el CNI elaboró y difundió a las autoridades a partir del 30 de julio sobre la llegada de migrantes, así como todos los documentos clasificados relativos a la actuación de las autoridades marroquíes hasta la fecha de la solicitud.

La petición incluye también el texto íntegro de una nota que el CNI remitió a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), la inteligencia exterior de Marruecos, y a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST). Asimismo, la jueza pide cualquier comunicación cruzada entre ambos servicios que contuviera alertas sobre la inmigración irregular durante julio. Por último, reclama un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechado el 4 de agosto.

En el auto, Tardón sostiene que la información no afecta a la seguridad del Estado, porque precisamente esa seguridad fue vulnerada en los hechos investigados. Según la magistrada, establecer la autoría de ese ataque es el objeto mismo de la instrucción. Añade que, sin esos documentos, no pueden practicarse diligencias clave, como la declaración de agentes del CNI y de los destinatarios de sus notas, lo que podría alargar los plazos de la causa.

La jueza invoca el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia, que, a su juicio, adquiere su máxima intensidad cuando la información guarda relación directa con los hechos y no existen fuentes alternativas. Recuerda además que la clasificación de un documento como secreto o reservado no impide promover su desclasificación cuando sea necesaria para investigar presuntos delitos.

El contexto político es relevante. En septiembre, el Gobierno desclasificó cuarenta documentos sobre la crisis de Ceuta y aseguró que publicaría más informes si los hubiera, al afirmar que no tiene «nada que esconder». Ahora, la exigencia judicial pone a prueba esa disposición de transparencia y obliga a delimitar qué información puede hacerse pública sin comprometer la actividad de los servicios de inteligencia.

El propio CNI ya ha remitido a la jueza un informe en el que atribuye el «desbordamiento» en Ceuta a la «pasividad» de Marruecos. Según el documento, las autoridades marroquíes eran conscientes días antes de la entrada masiva de una situación anómala y reforzaron su dispositivo, pero su implicación en la prevención fue, en la práctica, irregular. El informe sugiere además que Rabat priorizó la seguridad del rey Mohamed VI durante la Fiesta del Trono, celebrada cerca de la frontera, en lugar de reaccionar de forma proactiva.

Este dato traslada el debate a las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, un asunto que ya es delicado desde hace años. Si la causa confirma esa lectura, la cuestión será cómo la diplomacia española gestiona la responsabilidad de un vecino con el que mantiene una cooperación migratoria y de seguridad considerada imprescindible.

En los próximos días se verá si el Consejo de Ministros accede a la desclasificación solicitada o si opone reparos. Esa decisión marcará el alcance de la investigación y el grado de transparencia que el Ejecutivo está dispuesto a aplicar a los asuntos de inteligencia vinculados a la frontera sur.