Qué hay detrás de la negativa del Supremo a exigir al Gobierno la devolución de migrantes en Ceuta
El Supremo rechaza medidas cautelarísimas de Ceuta contra el Gobierno por la entrada masiva de julio. Falta de urgencia y contradicción entre partes.
El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por Ceuta, que pedían ordenar al Gobierno central la expulsión o devolución de migrantes llegados a la ciudad durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no cabe adoptar ninguna medida sin oír antes al Ejecutivo, que es la parte contraria en el litigio.
El recurso de la ciudad autónoma imputaba al Gobierno una situación de inactividad. Según el auto, esa pasividad se ha prolongado durante más de dos meses y medio sin que se hubiera solicitado la tutela cautelar en el momento oportuno. Este dato resulta clave para el tribunal, que no aprecia la urgencia excepcional que exige una medida de este tipo.
Entre las peticiones figuraba que el Ejecutivo presentara en diez días un plan operativo para tramitar los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional de las personas adultas que permanecen en la ciudad. Ceuta también reclamaba la ejecución material de las resoluciones ya firmes o que lo fueran después, incluido el traslado de los afectados hasta el puesto fronterizo de salida.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión subraya un principio básico del procedimiento: la contradicción entre las partes. Un tribunal no suele acordar medidas de forma inmediata sin dar al demandado la oportunidad de alegar, salvo que existan razones de urgencia muy justificadas. La ausencia de esa urgencia ha pesado más que el fondo de la cuestión.
En el plano político, el episodio refleja la tensión entre las administraciones central y autonómica en la gestión de la inmigración en Ceuta, una ciudad fronteriza con una presión migratoria recurrente. Las competencias compartidas en materia de extranjería y la coordinación con la legislación de protección internacional complican la respuesta institucional.
El caso no resuelve el fondo del conflicto, que seguirá su curso por la vía ordinaria. Queda por ver si el Gobierno presenta los planes de tramitación que la ciudad reclama y cómo se articula la ejecución de las resoluciones de expulsión, un terreno en el que confluyen exigencias de control migratorio, garantías procesales y compromisos internacionales en materia de asilo.