Policías y guardias civiles abandonan Interior tras un encierro por la jubilación anticipada

Policías nacionales y guardias civiles abandonaron de madrugada la sede del Ministerio del Interior, donde llevaban encerrados desde el martes para reclamar una jubilación anticipada digna. Los sindicatos aseguran que agentes de la Unidad de Prevención y Reacción les pidieron salir y que accedieron para evitar consecuencias legales. La protesta, que contaba con el respaldo de SUP, Jupol, UFP y varias asociaciones de la Guardia Civil, queda suspendida pero no cerrada.

El conflicto arranca de una negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la mejora de la jubilación anticipada, una reivindicación histórica de estos cuerpos. Los sindicatos piden que la profesión sea reconocida como de riesgo y que se equipare con las condiciones de la policía local y autonómica. La negociación había avanzado en septiembre, con propuestas que elevarían la pensión de los grupos C1 y A2 hasta niveles cercanos a los 39.000 euros anuales.

El punto de ruptura llegó con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Según los sindicatos, en la reunión celebrada este martes la Administración respondió que no podía atender la demanda por el calendario electoral. Para los representantes de los agentes, esa respuesta supone un bloqueo político del acuerdo, mientras que la mejora dependía de una decisión que consideran ya casi cerrada.

Las implicaciones van más allá de la pensión. La discrepancia sobre el alcance de la propuesta muestra que, incluso dentro del mismo colectivo, hay posiciones distintas: algunas organizaciones valoran los avances, mientras otras los consideran insuficientes y reclaman la cifra completa. Esa división complica cualquier acuerdo futuro, porque la Administración deberá negociar con interlocutores que no comparten una única exigencia.

Por último, el caso ilustra una tensión recurrente en la gestión de los cuerpos de seguridad: la relación entre el calendario político y las negociaciones laborales. Con unas elecciones a la vista, el desenlace dependerá de la voluntad del próximo Gobierno y de si la reivindicación se mantiene en la agenda. Los sindicatos han advertido de que la movilización sigue activa, por lo que el conflicto podría reaparecer tras los comicios.