Villalobos se acoge a su derecho a no declarar en el caso Leire Díez por la nacionalidad

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos ha decidido no responder como investigado ante la Audiencia Nacional en el caso Leire Díez, que investiga la presunta falsedad documental para obtener la nacionalidad española. La decisión se produce después de que el juez Santiago Pedraz rechazara aplazar su declaración hasta que la administración aporte la documentación original del expediente.

El caso gira en torno a la llamada 'ley de nietos', la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a descendientes de exiliados obtener la nacionalidad española. El magistrado ha reclamado a Villalobos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela, de nacionalidad española, que el investigado sostiene haber presentado de forma presencial y en papel ante el Registro Civil Central.

Esa afirmación traslada parte de la carga probatoria a la propia administración. Villalobos ha alegado que no conserva los originales y que corresponde al Registro Civil aportarlos. Su defensa ha condicionado su declaración a conocer íntegramente los elementos en los que se apoya la investigación, una petición que el juez no ha atendido.

El expediente tiene una dimensión política que va más allá de la situación personal del investigado. Villalobos fue alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez, y la concesión de la nacionalidad a ex funcionarios de un régimen cuestionado por organismos internacionales reabre el debate sobre los controles previos que aplica el Estado en estos procedimientos. Este mismo miércoles, un cargo del Ministerio de Justicia declaró como testigo que no apreció irregularidades en la tramitación.

Desde el entorno de la defensa se sostiene que se trató de un trámite ordinario y conforme a la ley, y que así quedará demostrado. La resolución del caso dependerá ahora de que el Registro Civil aporte la documentación solicitada y de que el juez valore si existió falsedad. Para la Ley de Memoria Democrática, el procedimiento supone además una prueba sobre la capacidad de la administración para verificar, con garantías, el origen de cada solicitud.