El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó como “deplorable” la violencia que se ha desatado recientemente en Marruecos, donde al menos tres personas perdieron la vida en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Guterres hizo un llamado a las autoridades marroquíes para que se realice una investigación “imparcial” sobre estos incidentes, con el objetivo de mantener la rendición de cuentas ante la comunidad internacional.

El reciente clima de tensión en Marruecos ha sido alimentado por el colectivo Gen Z 212, que ha partido una serie de protestas que demandan una significativa reestructuración del gobierno. En una carta dirigida al rey Mohamed VI, esta agrupación exige la destitución del Ejecutivo, afirmando que ha fracasado en su deber de garantizar la justicia social y el bienestar de sus ciudadanos.

“Nosotros, los jóvenes marroquíes que enfrentamos dificultades en nuestras vidas diarias, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la desconexión entre nuestros derechos constitucionales y su aplicación en la vida real”, enfatiza la misiva compartida en plataformas digitales. Este grupo reclama una reforma que restablezca los derechos que consideran fundamentales y piden medidas claras contra la corrupción.

El movimiento juvenil destaca que, aunque la Constitución de 2011 ha traído ciertos avances en términos de libertad de expresión y rendición de cuentas, la implementación de tales derechos ha sido insuficiente y presenta serias deficiencias. Por esta razón, solicitan una serie de reformas que incluya la destitución del primer ministro y su gabinete, al acusarlos de no proteger adecuadamente a la población y no garantizar condiciones de vida dignas.

Entre sus demandas, Gen Z 212 también exige que se abra un proceso judicial “imparcial” contra todos los individuos involucrados en actos de corrupción, sin importar su rango. Asimismo, piden la disolución de aquellos partidos políticos que estén implicados en irregularidades financieras.

El grupo ha planteado además la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades en educación, salud y empleo, instando a terminar con prácticas de nepotismo y clientelismo que, según ellos, han mermado el potencial de la juventud marroquí. Exigen también el respeto a la libertad de expresión y la liberación inmediata de todos los detenidos involucrados en manifestaciones pacíficas.

Aunque reconocen la responsabilidad de quienes han incurrido en vandalismo o violencia, los manifestantes piden que las acciones represivas no recaigan sobre aquellos que han ejercido su derecho a protestar pacíficamente. Según cifras recientes, cerca de 193 de los más de 400 arrestados durante las movilizaciones enfrentan cargos relacionados con disturbios.

Por otro lado, instan a la realización de un debate nacional dirigido por el rey, donde las autoridades rindan cuentas sobre su gestión y sobre su implicación en complicidades corruptas, destacando que este proceso no busca venganza, sino establecer un precedente que asegure un nuevo comienzo en la relación entre el pueblo y el gobierno marroquí.

Guterres, por su parte, reitera que las manifestaciones deben llevarse a cabo de forma pacífica, resaltando que el respeto a la vida y a la propiedad es esencial para la estabilidad social. Desde la ONU han subrayado la necesidad de una investigación completa y transparente después de los recientes acontecimientos, así como el deseo de observar de cerca la situación en el país.

Este llamado se produce en un contexto en el que las tensiones han escalado en Laqliaa, cerca de Agadir, donde los disturbios se desataron tras un presunto intento de asalto a una instalación de la Gendarmería, resultando en múltiples heridos y una escalofriante cifra de fallecidos.