El día de hoy, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión significativa al restablecer la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump en relación a la identidad de género en los pasaportes. Esta política forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno republicano para refrenar la aceptación de lo que consideran como "ideología de género".

El Departamento de Justicia se vio obligado a presentar una apelación urgente a mediados de septiembre, luego de que tribunales inferiores bloquearan esta normativa del Gobierno, alegando que estaba fundamentada en “prejuicios irracionales”. Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo ha reafirmado que la obligación de indicar el sexo asignado al nacer en los pasaportes no infringe los principios de igualdad ante la ley más que el hecho de mostrar la nacionalidad del titular, según informaciones de The Hill.

El fallo, que recibió el apoyo de seis magistrados frente a tres en contra, argumenta que el gobierno simplemente está certificando un hecho histórico sin discriminación alguna. La decisión ha generado reacciones fuertes entre los jueces de tendencia más liberal, que describieron el resultado como una “perversión inútil pero dolorosa”. La jueza Ketanji Brown Jackson, junto a sus colegas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, expresó su preocupación por lo que consideran un desdén hacia el principio de igualdad.

Brown argumentó que es habitual que el tribunal no tome en cuenta principios fundamentales en sus decisiones, lo que, a su juicio, debilita la equidad de la justicia. En contraste, el procurador general John Sauer defendió la posición de la Administración, sosteniendo que las decisiones de los tribunales inferiores eran "insostenibles" y que comprometían la autoridad constitucional del presidente en cuestiones de política exterior relacionadas con el Departamento de Estado.

Con esta reciente normativa en vigor, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ha eliminado la posibilidad de que los ciudadanos elijan la opción "X" para el género en sus pasaportes, exigiendo que se indique el sexo asignado al nacer. Esto significa que las personas transgénero no podrán alinear sus documentos oficiales con su identidad de género.

Representantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que esta política podría poner en grave riesgo a las personas transgénero, no binarias e intersexuales cada vez que utilicen su pasaporte. Sus acusaciones, que sostienen que la política viola la ley federal y el derecho constitucional a la igualdad, habían llevado a que un juez de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitieran fallos en su favor, suspendiendo la política en distintas ocasiones.

Esta resolución se suma a un patrón de decisiones del Tribunal Supremo que han permitido a la Administración Trump cerrar la puerta a la inclusión de personas transgénero en el servicio militar y anular fondos de salud relacionados con políticas de diversidad.