El PNV exige responsabilidades políticas máximas a Sánchez tras el accidente ferroviario de Urda

El PNV reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte «responsabilidades políticas máximas» tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron 69 muertos. La portavoz del partido en el Congreso, Maribel Vaquero, sugiere que esas responsabilidades podrían llegar hasta la dimisión o el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no lo nombra de forma expresa.

La petición se formuló en Bilbao, en la sede de Sabin Etxea, junto a los candidatos jeltzales al Congreso por Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran. Vaquero recordó que se trata del segundo siniestro ferroviario de gran gravedad en lo que va de año, en referencia al accidente de Adamuz.

Según la dirigente nacionalista, primero deben esclarecerse las causas del siniestro. Solo después, a su juicio, podrán determinarse las responsabilidades técnicas y políticas. Vaquero añadió que corresponde al propio Sánchez aclarar hasta dónde deben llegar esas consecuencias, dado que él mismo calificó como «inasumibles» este tipo de accidentes.

El posicionamiento del PNV tiene un peso político notable, porque sus votos han sido decisivos en distintas votaciones parlamentarias del actual Ejecutivo. Su demanda se suma así a las críticas de otros grupos sobre la gestión ferroviaria y introduce un elemento de presión sobre el Gobierno en un momento de precampaña electoral.

Las implicaciones son doble. Por un lado, la investigación técnica sobre el choque determinará si existen fallos de mantenimiento, señalización o gestión. Por otro, el debate sobre la responsabilidad política dependerá de esas conclusiones y de la capacidad del Ejecutivo para responder ante el Parlamento. La línea que separe la responsabilidad técnica de la política será clave en las próximas semanas.

En perspectiva, el caso de Urda se inscribe en un debate más amplio sobre la seguridad de la red ferroviaria española y la inversión en mantenimiento de la alta velocidad. Con unas elecciones generales cada vez más cercanas, la forma en que el Gobierno afronte la investigación y la rendición de cuentas podría marcar el tono de la campaña.