En Madrid, el 12 de noviembre, se percibe un inminente acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia católica respecto a la creación de una comisión mixta dedicada a la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. Este sentimiento ha sido expresado por representantes de diversas asociaciones de víctimas tras una reunión mantenida con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Manuel Barbero, fundador de la Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas en el conocido caso de los Maristas, anunció que el Ejecutivo aspira a que dicha comisión esté en funcionamiento antes de que finalice el año.

Barbero señaló que, a pesar de las dificultades surgidas tras el fallecimiento del Papa Francisco, el Gobierno ha mantenido negociaciones con el Vaticano y la Iglesia y confía en que el acuerdo está próximo a concretarse.

El fundador de Mans Petites expresó su indignación por el hecho de que, a diferencia de otros países como Irlanda y Francia, la Iglesia en España aún no haya tomado la iniciativa de reconocer y reparar a las víctimas a través de una comisión formal.

Asimismo, Barbero descalificó el Plan Priva, propuesto por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, considerándolo una farsa que solo busca silenciar a las víctimas con indemnizaciones mínimas y cláusulas de confidencialidad.

A pesar de la posibilidad de un "plan B" en caso de falta de acuerdo con la Iglesia, Barbero enfatizó la importancia de que la comisión sea un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la Iglesia, ya que el reconocimiento adecuado debe provenir de la propia institución eclesiástica.

Por otro lado, Juan Cuatrecasas, representante de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), calificó de “razonablemente satisfactorio” el desarrollo de la reunión y expresó su disposición para colaborar en la creación de un órgano mixto que atienda a las víctimas.

Cuatrecasas destacó la importancia de establecer urgentemente este órgano de atención, subrayando que muchas víctimas ya no pueden esperar más reconocimiento y reparación.

El portavoz también elogió la empatía y cordialidad del ministro Bolaños, contrastándola con la postura de la Iglesia, además de criticar el fracasado Plan Priva, que ha sido poco efectivo en la atención a las víctimas y ha ofrecido indemnizaciones irrisorias.

Finalmente, Miguel Hurtado, el primer denunciante del escándalo de abusos en la Abadía de Montserrat, quien no fue convocado a la reunión con el ministro, instó a que sean los obispos y las órdenes religiosas quienes asuman la financiación de un mecanismo extrajudicial para las compensaciones a las víctimas, evitando así que esta carga recaiga en el contribuyente.

Hurtado también abogó por que esta medida no se implemente como un esfuerzo aislado, sino que venga acompañada de reformas legales que aseguren la imprescriptibilidad de estos delitos, para prevenir que se repitan en el futuro.