Qué hay detrás del veto de Vox a las ayudas al cine en Castilla y León

La actriz Andrea Ros, protagonista de 'Karateka', ha calificado de censura la decisión de la Junta de Castilla y León de excluir de sus ayudas al cine las producciones que considere adoctrinamiento ideológico o propaganda partidista. La medida, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que dirige el politico de Vox Alberto Díaz Pico, afecta a la financiación de largometrajes y series.

La orden autonómica contempla excluir de las subvenciones a aquellas obras audiovisuales que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas. La redacción del texto, de carácter genérico, es el principal motivo de la controversia entre el sector.

Ros sostiene que decidir qué se puede contar o no constituye una forma clara de censura. Su postura se suma a la de otras figuras de la industria, como Pedro Almodóvar o Eduard Fernández, que han criticado con dureza el veto. El debate enfrenta así a la administración regional con buena parte del mundo cultural.

Más allá de las declaraciones, el conflicto plantea una cuestión de fondo: quién fija los límites de la creación financiada con dinero público y con qué criterios. Los conceptos de adoctrinamiento o propaganda son susceptibles de interpretaciones muy amplias, lo que genera incertidumbre entre productoras y guionistas.

El director Aritz Moreno, responsable del filme sobre la karateka Sandra Sánchez, advierte de que la censura también puede operar mediante la autocensura, que considera la forma más dañina. Según él, el sector atraviesa ya un momento creativo complicado, en el que cada proyecto exige un esfuerzo considerable para salir adelante.

La película 'Karateka', que recorre la trayectoria de Sánchez desde Talavera de la Reina hasta el oro olímpico de Tokio 2020, sirve de ejemplo del tipo de relato personal que, según sus responsables, el cine debe poder contar sin filtros previos. Ros defiende que las historias ajenas fomentan la empatía frente a los discursos de odio.

El desenlace de la polémica dependerá de cómo se aplique la orden en las convocatorias de ayudas y de si se producen recursos o cambios normativos. Lo que está en juego es el equilibrio entre la responsabilidad en el uso de fondos públicos y la libertad creativa de la industria audiovisual.