Qué hay detrás del rechazo judicial a bloquear 20.000 votos por correo en California

Un juez federal de California ha rechazado la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para bloquear el escrutinio de unos 20.000 votos por correo en ese estado. La Administración de Donald Trump sostiene que esas papeletas pertenecen a personas que considera «probables no ciudadanos». La decisión se produce a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El magistrado David O. Carter, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, denegó la orden de restricción temporal solicitada por el Gobierno federal. En su resolución advierte de que la medida causaría graves perjuicios y alteraría un proceso electoral que ya está en marcha. Según el juez, si el Ejecutivo puede descartar votos sobre la base de acusaciones no probadas, la democracia queda expuesta.

El caso tiene su origen en la entrega, por parte del Departamento de Justicia, de datos sobre más de 20.000 presuntos no ciudadanos a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la Secretaría de Estado de California. El Gobierno exigía apartar esas papeletas en un plazo de 48 horas. La lista se elaboró cruzando bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social.

El fallo cuestiona con dureza la fiabilidad de ese método. El tribunal recuerda que, en Nevada, un primer cribado señaló a casi 16.000 supuestos no ciudadanos. Tras las revisiones, la cifra se redujo a 185, y todos ellos resultaron ser ciudadanos estadounidenses con plenos derechos. Para el juez, actuar sobre un procedimiento lleno de incertidumbres y errores pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos legítimos.

Más allá del caso concreto, la resolución subraya un conflicto de competencias. La organización de las elecciones corresponde en gran medida a los estados, y el tribunal considera sin precedentes que el Gobierno federal intente obligar a un estado y a sus condados a abandonar sus procedimientos constitucionales en vísperas de una votación. Según la corte, el Ejecutivo pretendía actuar como soberano único, cuando California también ejerce esa soberanía.

Las implicaciones prácticas son igualmente relevantes. Crear un sistema nuevo para separar esas papeletas a pocos días de los comicios obligaría a los condados a desviar recursos técnicos y humanos. Ese esfuerzo podría retrasar el recuento y poner en peligro el cumplimiento de los plazos legales. El propio Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, dos días antes, rechazó otro recurso urgente del Gobierno y atribuyó a la Administración la creación de una «emergencia» artificial por haber presentado el caso tan tarde.

La decisión llega en un momento de fuerte polarización sobre el voto por correo y el censo electoral en Estados Unidos. Las próximas semanas mostrarán si el Gobierno recurre el fallo y hasta dónde llega la disputa entre Washington y California. Lo que se dirima en los tribunales marcará el alcance de las competencias federales sobre el proceso electoral de cara a futuros comicios.