En Madrid, el 27 de octubre, Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz de Podemos, ha declarado que su partido llevará a cabo un análisis exhaustivo de la reciente Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que será aprobada en el Consejo de Ministros este próximo martes. Esta evaluación les permitirá determinar su postura al respecto cuando el proyecto sea presentado en el Congreso.

Fernández no ha dudado en señalar que el problema que enfrenta el sistema judicial español no se soluciona simplemente con la nueva ley, sino que es fundamental hacer frente a lo que él ha denominado "fachas con toga", quienes están, según su perspectiva, realizando política desde el ámbito judicial y están involucrados en un “golpismo judicial” en curso.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de Podemos, el dirigente ha instado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a aprovechar la mayoría plurinacional existente en el Congreso para modificar la actual correlación de poder en el Poder Judicial. Esta estrategia, sostiene, es esencial para llevar a cabo un cambio significativo en las dinámicas del CGPJ.

Fernández ha criticado abiertamente al PSOE por, a su juicio, haber entregado el Consejo General del Poder Judicial a las manos de la derecha, especialmente a la del Partido Popular, al contar con magistrados que se dedican a hacer política en lugar de actuar con imparcialidad.

El coportavoz de la formación morada ha declarado: "Soy consciente de que muchos se molestan cuando afirmamos que hay en este país 'fachas con toga', pero es una realidad innegable. El PSOE debería emplear su mayoría en el Congreso para cambiar la correlación de fuerzas dentro del CGPJ".

A lo largo de varios momentos, los representantes de Podemos han sugerido que el PSOE debería considerar reformas legales que simplifiquen el proceso de selección de los vocales del CGPJ, reduciendo el umbral de mayoría parlamentaria necesario para su elección de dos tercios a una mayoría absoluta. De esta forma, se evitaría la influencia del PP en la reestructuración de este organismo clave en la administración de la justicia.

Desde su perspectiva, la meta del Gobierno debería ser asegurar que el Consejo General del Poder Judicial no se halle "entregado a la derecha" y que no actúe como un “arma política” en su favor. Fernández ha resaltado que, en el actual panorama, los jueces de carácter “reaccionario” constituyen la verdadera oposición en el país, en detrimento del liderazgo del PP y de Vox, el cual calificó de "vago y haragán".