En el día de hoy, 25 de octubre, el Ministerio del Interior ha realizado declaraciones que aseguran que se han tomado medidas para garantizar la liquidez de las cajas pagadoras destinadas a las dietas por desplazamiento de los miembros de la Policía Nacional. Según el ministerio, el crédito disponible ha aumentado en un 28% en comparación con las cifras de 2018. Además, han reiterado que la actualización de estas dietas es competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda, en respuesta a las quejas recibidas.

Los sindicatos que representan a los cuerpos policiales han expresado su malestar ante lo que consideran "dietas insuficientes", argumentando que las tarifas no han sido actualizadas en aproximadamente dos décadas. La normativa que regula estas dietas se encuentra en el Real Decreto 462/2002, que trata sobre las indemnizaciones por el servicio público.

Uno de los sindicatos más activos, Jupol, ha abogado por eliminar lo que consideran una "obsoleta clasificación retributiva" que establece diferentes montos diarios para los funcionarios policiales, diferenciando entre mandos, oficiales y agentes. Las tarifas varían desde 147,25 euros para los primeros, hasta 72,12 euros para los agentes de base.

En contestación a las interrogantes planteadas por el Partido Popular, el Gobierno ha referenciado el mencionado Real Decreto, añadiendo que fue modificado posteriormente en 2005 por una Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

El Ejecutivo ha puntualizado que las dietas no son exclusivas de la Policía Nacional, sino que se extienden a todos los empleados civiles y militares que operan en la Administración General del Estado. Por lo tanto, cualquier actualización al respecto tiene que ser gestionada por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, según lo indicado en el documento al que Europa Press ha tenido acceso.

Asimismo, el Gobierno ha destacado que el presupuesto asignado a la Dirección General de la Policía para este tipo de gastos ha crecido desde 2018, alcanzando un total de más de 108 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 28,2% en un periodo que va hasta 2024.

El país, por tanto, cuenta con el crédito necesario para satisfacer las demandas de movilidad de los funcionarios policiales, afirma el Ministerio del Interior. Además, se ha aclarado que la gestión de las dietas y gastos de los agentes que están en servicios periféricos es "descentralizada", siendo llevada a cabo de manera efectiva por las Jefaturas Superiores y las Comisarías Provinciales a través de sus respectivas cajas pagadoras.

Por otro lado, se ha indicado que todos los funcionarios desplazados en comisión de servicio reciben un anticipo máximo de gastos conforme a la normativa, y que posteriormente se realizan los pagos correspondientes una vez que se justifiquen dichos gastos, como estipula el citado Real Decreto.

El partido Vox ha planteado preguntas similares respecto a la disponibilidad de fondos para las unidades de investigación y antiterrorismo de la Guardia Civil, preocupándose por la posible falta de recursos para llevar a cabo investigaciones importantes.

Desde el Ministerio de Interior se ha respondido que en la Dirección General de la Guardia Civil hay suficiente crédito para cubrir las indemnizaciones generadas por los servicios de los Guardias Civiles. Sin embargo, también se ha visto necesario reconocer que, como en cualquier proceso administrativo, los tiempos de respuesta y pago pueden variar dependiendo de la complejidad del caso y de la documentación que se deba revisar.

A pesar de las dificultades potenciales, el Ministerio ha subrayado que la Guardia Civil cuenta con métodos para solicitar anticipos de crédito para las gestiones relacionadas con las indemnizaciones, siempre y cuando la unidad solicitante lo considere necesario y las características del servicio lo permitan.