Un nuevo avance legal ha tenido lugar en el Congreso, donde se ha ratificado una reforma que obligará a las grandes empresas a ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales del Estado. Este importante proyecto de ley, que fue votado favorablemente en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, se encuentra ahora en la recta final de su tramitación en la Cámara Baja.

La legislación, conocida como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y el partido Junts. Bajo esta normativa, las empresas que cuenten con más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros, o que brinden servicios de interés general, tendrán la obligación de atender a sus clientes en las diferentes lenguas cooficiales en aquellas comunidades que las tengan reconocidas.

En la votación de este miércoles, el proyecto recibió el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu, mientras que los partidos PP y Vox se opusieron. Tras este trámite, el texto será presentado en el Pleno del Congreso para una última discusión que se llevará a cabo en la semana del 11 de noviembre. Posteriormente, será enviado al Senado, donde seguirá el mismo proceso parlamentario.

La ley establece que, a pedido de cualquier consumidor ubicado en comunidades con múltiples lenguas oficiales, se garantiza la atención en la lengua solicitada, siempre y cuando la empresa opere en esas comunidades y la lengua elegida sea reconocida oficialmente.

Además, la normativa estipula que las consultas, quejas y reclamaciones de usuarios en comunidades con lenguas cooficiales podrán ser presentadas en castellano o en cualquiera de estas lenguas, facilitando así la comunicación entre consumidores y empresas.

Entre las actualizaciones introducidas durante el análisis de la ley se encuentra la regulación del ámbito de los juegos de apuestas, que ahora incorpora la figura del 'influencer'. A través de un acuerdo alcanzado por PSOE, Sumar y ERC, la ley reconoce a los 'personajes de relevancia o notoriedad pública', quienes tendrán un papel destacado en la promoción de actividades relacionadas con el juego.

Por otro lado, se ha establecido que solo podrán beneficiarse de las promociones de los operadores aquellos clientes que hayan mantenido una cuenta de juego activa por al menos 30 días y que, además, hayan sido verificados documentalmente.

Con la entrada en vigor de esta ley, se exigirá a los operadores de juego que acepten únicamente medios de pago nominativos, pertenecientes directamente a los participantes. También estarán obligados a mantener cuentas bancarias específicas en España para gestionar los fondos de juego, asegurando así la transparencia y la correcta gestión de los recursos.

La legislación contempla la creación de un registro de proveedores de juego, donde se inscribirán los datos de las entidades que ofrezcan servicios técnicos a los operadores. Esto tiene como objetivo garantizar que solo aquellos con las licencias adecuadas puedan operar en territorio español.

Otro de los aspectos claves de la ley, que también fue aprobado en comisión, es la prohibición de las llamadas comerciales no solicitadas. A partir de ahora, las grandes empresas deberán utilizar un prefijo especial para estas comunicaciones, y las compañías telefónicas estarán obligadas a bloquear aquellas que no se ajusten a esta normativa. Las llamadas comerciales realizadas sin consentimiento del receptor serán ilegales y cualquier contrato resultante de estas quedará anulado.

Finalmente, la norma establece que las comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos que tengan una cuota de mercado inferior al 5% no estarán obligadas a proveer atención al cliente las 24 horas, reiterando así el compromiso del legislador con la racionalización de recursos para las pequeñas empresas.