En la jornada del 26 de diciembre, se han intensificado las críticas por parte del colectivo 'Regularización Ya' y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) respecto al desalojo llevado a cabo en el antiguo instituto B9 en Badalona, Barcelona. Estos grupos han hecho un contundente llamado para asegurar una vivienda digna para aquellos afectados por esta situación crítica.

Victoria Columba, portavoz de 'Regularización Ya', ha declarado a Europa Press que lo sucedido en Badalona es el resultado de una negligencia sistemática por parte de las autoridades, a las que acusa de haber "anunciado y planificado" esta tragedia. Su crítica manifiesta señala que este desalojo es el mayor que se ha registrado en la historia reciente de España y Cataluña.

Columba ha especificado que la respuesta inicial del Gobierno, que incluyó un operativo de Cruz Roja de corta duración, resultó insatisfactoria al trasladar a algunos afectados a lugares temporales y lejanos, sin garantizar las necesidades básicas previamente acordadas. Esta ineficacia llevó a que muchos de los desalojados optaran por regresar al puente donde habían estado viviendo anteriormente.

Además, ha subrayado la tardía intervención de la Generalitat, que se hizo presente solo una semana después, tras la ocupación de Can Bofí por parte de algunos de los desalojados y una manifestación de apoyo que reunió a cerca de 500 personas. Columba también ha criticado el hecho de que las reubicaciones ofrecidas se encontraran "demasiado lejos" de Badalona, dado que las instalaciones locales ya habían sido cerradas por decisiones políticas que limitaron las alternativas habitacionales accesibles.

La portavoz ha manifestado también su desconfianza hacia Cruz Roja, especialmente entre los jóvenes extutelados, y ha denunciado la existencia de un "racismo inmobiliario" que complica el acceso al alquiler para tantas personas que cuentan con empleo. Ha apuntado, además, que la falta de transporte hacia los albergues disponibles en Girona, Lleida y Tarragona ha sido otro obstáculo para quienes necesitaban asistencia.

Columba ha resaltado el esfuerzo de diversas organizaciones antirracistas y sindicatos que han apoyado a las personas afectadas, quienes han estado luchando por sobrevivir en circunstancias difíciles. La urgencia de atención por parte de los servicios sociales municipales es una de sus principales exigencias, a fin de garantizar a estas personas una alternativa habitacional adecuada y recursos que se ajusten a sus necesidades.

Por último, ha instado al Gobierno a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras, un proceso que actualmente se encuentra estancado en el Congreso. Columba ha manifestado que el Ejecutivo podría avanzar en este asunto mediante un Real Decreto, dadas las dificultades que ha enfrentado en la Cámara Baja.

Por su parte, CEAR ha condenado enérgicamente la situación de decenas de migrantes en Badalona, quienes se encuentran sin hogar tras el desalojo del instituto. La organización denuncia lo que considera una radicalización de la política migratoria en España, la cual, según ellos, contribuye a la criminalización de los migrantes y socava sus derechos, sobre todo de quienes enfrentan mayores vulnerabilidades.

CEAR ha reiterado que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y ha advertido que decisiones como la de Badalona pueden llevar a la fractura de la convivencia y la paz social, algo que debería ser una preocupación para todos los ciudadanos.