En Madrid, el pasado 26 de diciembre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su inquietud respecto a la situación financiera de la Comunidad de Madrid, que podría enfrentar la pérdida de hasta 17 millones de euros en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2025. Según Redondo, esta situación se daría debido a la falta de justificación de las partidas correspondientes a 2024.

Redondo, en un video comunicado presentado por su departamento, ha declarado: “Actualmente, estamos observando que Madrid no ha sido capaz de justificar los recursos asignados en 2024, lo cual puede resultar en la pérdida de 17.085.000 euros en 2025.” Este mensaje pone de relieve la importancia de la gestión adecuada de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género.

La ministra ha lanzado duras críticas a la Comunidad de Madrid, acusándola de incumplir de forma sistemática las normas vigentes. Para Redondo, esta “desobediencia prolongada” no solo es una falta de respeto hacia las leyes estatales, sino también una grave traición a las mujeres madrileñas, quienes, según ella, se ven privadas de acceder a políticas efectivas de igualdad.

"Es fundamental informar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su administración está traicionando los intereses de la población y de las mujeres madrileñas”, afirmó Redondo, evidenciando su preocupación por el impacto que esto tiene en las políticas de igualdad en la región.

A pesar de sus críticas, la ministra también ha celebrado el compromiso de la mayoría de las comunidades autónomas que han estado gestionando adecuadamente los fondos del Pacto de Estado, llevando a cabo un seguimiento efectivo de las políticas públicas de igualdad.

Redondo puntualizó que este Pacto es una política pública fundamental, destinada a construir una sociedad libre de violencia de género. Subrayó que la responsabilidad de avanzar en este ámbito recae en todos los sectores de la sociedad.

Hasta el momento, de las 461 medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se han comenzado a implementar 235, lo que representa un 51% del total. Estos datos corresponden al seguimiento realizado por los ministerios encargados de las iniciativas dentro del plan.

En particular, el Ministerio de Igualdad está encargado de 347 medidas dentro del pacto, siendo responsable directo de 56, colaborador en otras 80 y ejecutor de 211. De estas, se han puesto en marcha 113 en lo que va del año, alcanzando un 54% de ejecución con un presupuesto que supera los 53 millones de euros dedicado a su cumplimiento.

Las principales instituciones a cargo de implementar estas medidas son la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Instituto de las Mujeres (IM). La DGVG tiene la responsabilidad exclusiva sobre 159 medidas, de las cuales ha puesto en marcha 90 y otras ocho son compartidas con el IM, que también tiene bajo su gestión 9 medidas, de las que tres ya han sido activadas este año.

Dentro de las iniciativas puestas en marcha por el Ministerio de Igualdad están los esfuerzos para la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres, como el Anteproyecto de Ley Orgánica centrado en la violencia vicaria, el incremento de hasta 20 millones en subvenciones para apoyar a mujeres y niñas víctimas de trata, y otras medidas que aseguran un uso adecuado de los fondos del Pacto de Estado.

Además, el IM ha desarrollado la red de 'Empresas por una sociedad libre de violencia de género', enfocada en la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista, y está trabajando en una guía digital sobre las mejores prácticas para comunicar con una perspectiva de género.

El Ministerio de Igualdad ha resaltado su participación en la elaboración de un Proyecto de Ley destinado a proteger a menores en entornos digitales, en colaboración con varios otros ministerios, enfatizando la importancia de una respuesta integral a los retos actuales.

En total, el gasto asociado a la ejecución de las medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de la Administración General del Estado ha superado los 82 millones de euros en 2025. A esto se suman las transferencias a otras administraciones, que incluyen 160 millones destinados a comunidades autónomas y 40 millones para entidades locales, reafirmando el apoyo general de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, en esta iniciativa fundamental.