En Madrid, el debate sobre la situación del lobo ibérico se encuentra estancado en un clima de incertidumbre, donde organizaciones ecologistas, ganaderos, comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no logran llegar a un consenso. La inminente entrega de un informe a Bruselas sobre la especie, programado para 2025, se ve empañada por varios recursos judiciales que se han interpuesto contra los planes de gestión autonómica.

Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, describió el momento actual como una "tensa calma" y subrayó la falta de novedades significativas en este complejo escenario. Desde 2021, el lobo ha sido objeto de una intensa controversia tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, conflicto que se intensificó en marzo de 2025 con la controvertida aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que debilitó su protección.

El Gobierno español se encuentra en una encrucijada, dado que la normativa europea prohíbe los "controles letales" en especies que se encuentran en un estado de conservación desfavorable. La administración ha indicado que, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, existen alrededor de 333 manadas de lobos en el país, cifra que dista de las 500 necesarias para garantizar la viabilidad de la especie, según sus criterios.

El principal punto de fricción entre las comunidades autónomas 'loberas' y el Ministerio radica en cómo determinar el estado de viabilidad de la población de lobos. Mientras que el MITECO se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que una especie considerada desfavorable en una parte de su rango también se considera así en su totalidad, las regiones implicadas sostienen que la población de lobos está en recuperación en sus territorios.

Una de las cláusulas de la reciente Ley de Desperdicio Alimentario establece que cualquier informe sobre el lobo que se envíe a Bruselas debe contar con la aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, un requisito que ha sido objeto de críticas, ya que no es necesario según las normativas europeas. Esta disposición ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Entre junio y julio se llevaron a cabo varias sesiones de la Conferencia Sectorial que, según fuentes autonómicas, fueron bastante tensas. Desde entonces, no ha habido más convocatorias de este tipo por parte de Transición Ecológica. Recientemente, un vocero de la Comisión Europea confirmó que España no ha presentado el informe correspondiente al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, necesario para evaluar el estado de protección del lobo, debido a que se precisa una revisión de los datos.

A pesar de la ley, diversas comunidades autónomas han intentado implementar sus propios planes de gestión para el lobo, esfuerzos que han sido sistemáticamente bloqueados por organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, por ejemplo, se ha opuesto a las medidas en Cantabria, Asturias y La Rioja, haciendo hincapié en que en Galicia se han admitido medidas cautelares que han suspendido actuaciones de control.

La organización ha presentado una queja formal a la Comisión Europea alegando que la Ley de Desperdicio Alimentario incumple la Directiva Hábitat. Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, destacó la incongruencia en los fallos judiciales que, bajo el mismo argumento legal, adquieren conclusiones distintas en diferentes territorios.

Desde WWF España, Suárez ha señalado que la única novedad ha sido la comunicación de la Comisión Europea, que ha afirmado que cazar lobos en estado de conservación desfavorable es ilegal. Sin embargo, ha lamentado que esta ocasión no ha tenido un impacto práctico en la situación actual.

Los grupos ecologistas están esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados en relación con la Ley de Desperdicio Alimentario y que el Gobierno cumpla con su obligación de remitir el informe a Bruselas. “Lo que nos preocupa es si las decisiones finales se basarán en datos científicos o si estarán influenciadas por decisiones políticas”, concluyó.

Durante el pasado verano, Transición Ecológica tuvo reuniones con ganaderos y ecologistas para considerar que los 20 millones asociados a la Estrategia Nacional del Lobo se destinen a la Fundación Biodiversidad si el lobo vuelve a ser considerado una especie cinegética. Esta propuesta fue rechazada por los ganaderos, quienes alegaron que era una forma encubierta de financiar organizaciones ecologistas.

Lorenzo Silva, coordinador de COAG en Castilla y León, expresó que es vital implementar un control poblacional del lobo, dado que España alberga la mayor población de lobos en Europa. También se lamentó de que la situación ha llegado a ser insostenible, con más lobos en Castilla y León que en toda Francia.

Desde ASAJA Asturias, Geri González ha remarcado que es necesario verificar los datos que el Ministerio enviará a Bruselas, recordando que la organización ya había alertado a la Unión Europea en 2022 sobre la obsolescencia de la información que el Gobierno había proporcionado anteriormente. Continúan presionando a las instituciones europeas para que reconozcan el problema que están enfrentando.