El 25 de diciembre, desde Madrid, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha manifestado su preferencia por que el Congreso continúe adelante con el proceso de regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, mediante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) actualmente en tramitación. Sin embargo, Cancela ha dejado abierta la puerta a explorar otras opciones si esta iniciativa no prospera.

En declaraciones a Europa Press, Cancela subrayó la importancia de agotar primero esta vía legislativa como un mensaje contundente para la población. "Si, al final, esto no se puede llevar a cabo, tendremos que considerar otras alternativas. Pero, en primera instancia, es deber del legislativo responder", declaró. Según su perspectiva, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar, especialmente cuando cuenta con un fuerte respaldo ciudadano.

Cancela lideró las negociaciones en mayo pasado con diversos grupos parlamentarios para promover la ILP, aunque las conversaciones se estancaron al llegar el verano. Destacó que, a excepción de Vox, todos los partidos fueron incluidos en las discusiones. En cuanto al Partido Popular, recordó que en ese entonces se mostraron reacios al diálogo, prefiriendo tratar el asunto en la correspondiente comisión.

A pesar de esta falta de progreso, la secretaria de Estado consideró que se habían logrado avances significativos y que estaban "muy cerca" de un acuerdo. "Lo que ha sucedido está más relacionado con la dinámica del Parlamento que con desacuerdos fundamentales. Se trataba de ajustar algunas redacciones y posiciones", apuntó, expresando confianza en que las negociaciones se reanuden el próximo año.

En otro ámbito, Cancela atribuyó el descenso en la llegada de migrantes por vías irregulares en 2025 a un fortalecimiento de la política migratoria exterior del Gobierno. Mencionó la colaboración con varios países africanos y un diálogo intensificado con Argelia debido al aumento de llegadas a las Baleares.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de este año, han llegado a España a través de medios irregulares 35.935 personas, lo que representa una reducción del 40% en comparación con el año anterior. No obstante, las llegadas a Baleares han aumentado un 27,3%, con 7.295 entradas durante 2025, la mayoría de las cuales tienen como destino final Francia. En este contexto, se destacó que muchos de los migrantes que utilizan esta ruta son vulnerables, incluyendo mujeres y menores provenientes de zonas de conflicto armado, lo que requiere atención diferenciada.

En cuanto al cierre del centro de acogida en Pozuelo de Alarcón por parte del Ayuntamiento, cuya decisión está en apelación por parte del Gobierno, Cancela afirmó que, si los tribunales fallan en su contra, buscarán los recursos necesarios para garantizar la protección de los migrantes allí alojados.

El centro de Pozuelo, que atiende principalmente a refugiados ucranianos, mayoritariamente mujeres con hijos, opera por debajo de su capacidad máxima, actualmente recibiendo a poco más de 125 personas en un espacio que podría albergar hasta 500.

Sobre la directriz del Tribunal Supremo relacionada con menores migrantes solicitantes de asilo, Cancela hizo hincapié en que el Gobierno ha cumplido con los requisitos establecidos en Canarias y que facilitará el mismo cumplimiento en la Comunidad de Madrid. "Nuestro enfoque primordial es garantizar el bienestar de los niños y niñas", subrayó.

Además, defendió la necesidad de un Pacto de Estado contra los delitos de odio que involucre a todas las administraciones y medios de comunicación. Cancela advirtió sobre el papel de las redes sociales en la propagación de desinformación y mensajes xenófobos, demandando una respuesta más rápida para eliminar dicho contenido.

Por último, la secretaria de Estado anunció que Migraciones jugará un rol activo en la elaboración de la futura ley sobre trata de personas, abordando tanto la explotación sexual como la laboral. "Estamos abiertos a ser constructivos", afirmó, subrayando su compromiso de revisar el texto propuesto por Igualdad. Cancela concluyó que, de aprobarse una ley dedicada a la trata, sería una herramienta efectiva para combatir la prostitución, señalando que esto marcaría un hito significativo en la legislatura.