En Madrid, el 25 de diciembre, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha declarado que el borrador de la nueva Ley de Juventud contempla la reducción de la edad para el derecho al voto a los 16 años. Pérez ha subrayado su compromiso de "defender esta propuesta" ante los socios socialistas del Gobierno, enfatizando que esta medida contribuirá a formar una "escuela de democracia".

En una entrevista con Europa Press, Pérez dejó claro que el equipo del Ministerio de Juventud defenderá firmemente la inclusión del voto a los 16 años en la legislación final, señalando que es un aspecto fundamental del proyecto. "Es un tema que vamos a plantear de forma clara", agregó el secretario de Estado.

Pérez también indicó que esta propuesta no es una idea aislada, sino que otros países europeos ya han implementado políticas similares. Mencionó que el comisario europeo de juventud apoya con firmeza el derecho al voto a esa edad, y destacó que esta iniciativa forma parte de un debate más amplio en la comunidad europea.

El desarrollo de esta ley se ha basado en un proceso participativo, desde su inicio como "un folio en blanco" hasta convertirse en un documento que incluye más de 400 folios de aportaciones de diversas entidades. Actualmente, está en fase de discusión con otros ministerios antes de su presentación definitiva.

Pérez argumentó que permitir el voto a los 16 años ayudará a fomentar una "escuela de democracia", especialmente en un contexto donde se percibe una desafección hacia los principios democráticos. También expresó escepticismo sobre la idea de que existe una "derechización" de la juventud, destacando su creciente interés en temas como el clima y la salud mental, así como su menor consumo de alcohol y drogas en comparación con generaciones anteriores.

El secretario de Estado también comentó que entre los jóvenes que están decididos a votar, ha surgido un fenómeno de fidelización hacia la extrema derecha, aunque, según él, esta no es una tendencia generalizada. "Hay jóvenes que no están seguros si votarían, que es lo que realmente deberíamos cuestionar", apuntó.

En este sentido, advirtió sobre la retórica "populista y a menudo demagógica" de la extrema derecha, acusándola de no ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrentan los jóvenes, como el acceso a la vivienda.

Al abordar el tema de las redes sociales y su regulación para menores, el secretario mostró su acuerdo con la restricción de la edad a 16 años en Australia, aunque matizó que no apoya una prohibición total. Pérez enfatizó que las prohibiciones no resuelven los problemas que surgen en el entorno digital y abogó por un enfoque más centrado en el acompañamiento y la supervisión.

En España, recalcó que los menores de 14 años no pueden tener cuentas en redes sociales según la ley, algo que muchos padres desconocen y que provoca situaciones confusas. Propuso que, hasta los 16 años, los jóvenes no deberían tener redes sociales o, si las tienen, sin interacciones con adultos.

El ministerio de Juventud e Infancia también busca implementar medidas que obliguen a las plataformas tecnológicas a contar con métodos de verificación de edad. La ley ya ha pasado su primer trámite en el Congreso y Pérez espera que se logre un amplio consenso similar al que se alcanzó con la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia.

Aunque había incertidumbre por la ruptura de Junts, Pérez es optimista sobre la aprobación de esta ley, augurando que el texto será enriquecido mediante enmiendas. Además, anticipó que la evolución de la inteligencia artificial ha complicado los marcos regulatorios establecidos, haciendo referencia a casos recientes de abuso digital como el 'deepfake'.

Respecto a la pobreza infantil en España, que afecta a más de 2,7 millones de niños, Pérez destacó los progresos que se han hecho en el Pacto de Estado contra la pobreza y comentó que, a pesar de la falta de un presupuesto específico, se están generando recursos suficientes para abordar esta problemática.

Pérez recalcó que España goza de una alta recaudación fiscal y que se están destinando fondos urgentes a diversas áreas, incluyendo la defensa. También expresó su preocupación por la amenaza que representan "nuevos vientos políticos" para el Fondo Social Europeo, que ha sido clave en la lucha contra la pobreza en el país, instando a la aprobación de una prestación universal por crianza para combatir esta crisis.

En relación con la ampliación de la ley orgánica de protección a la infancia, que se está elaborando en colaboración con el Ministerio de Justicia, Pérez confirmó que se encuentra en fase final y que se están tratando de solucionar deficiencias en la implementación de la figura del coordinador de bienestar en el ámbito educativo.

Finalmente, Pérez argumentó que, a pesar de ser un ministerio pequeño con un presupuesto limitado, han logrado avances significativos en la lucha contra el discurso de la extrema derecha y han demostrado que su existencia en el Gobierno no es meramente decorativa.