Feijóo propone agravar las penas por disturbios con la cara tapada y convocados en redes
Feijóo propone recuperar el agravante por disturbios con la cara tapada tras los incidentes de Barcelona y Bilbao, en plena precampaña electoral.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha prometido recuperar un agravante penal para los disturbios cometidos con el rostro cubierto si el PP gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta llega tras los incidentes violentos registrados en Barcelona, Bilbao y A Coruña. En Barcelona, las detenciones alcanzaron las 130 personas, de las cuales 76 son menores de edad. En Bilbao, la cifra fue de 19 detenidos, siete de ellos menores.
El núcleo de la propuesta es doble. Por un lado, restablecer el agravante por actuar con la cara tapada durante disturbios. Por otro, endurecer las penas cuando las movilizaciones se convoquen a través de redes sociales. Feijóo sostiene que el agravante fue suprimido en 2022 por el PSOE y Podemos, en la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de coalición.
Los disturbios de Bilbao surgieron tras una manifestación de estudiantes contra un acto del periodista Vito Quiles, que finalmente no se celebró. Las protestas derivaron en daños en mobiliario urbano y en comercios. Feijóo ha calificado estos hechos como un nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta, aunque las responsabilidades concretas corresponden a la investigación judicial y policial.
En su ofensiva política, el líder popular ha cuestionado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de haber mantenido un perfil bajo durante estos episodios. También ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tardara dos días en pronunciarse sobre los altercados de Barcelona. Estas críticas forman parte de una estrategia más amplia centrada en el orden público como eje de la campaña.
El debate sobre el orden público y la respuesta penal a la violencia en las manifestaciones tiene antecedentes en la legislatura actual, marcada por reformas penales y tensiones con los partidos de izquierda. La propuesta del PP reabre la discusión sobre hasta qué punto el derecho de manifestación debe convivir con sanciones más severas, un equilibrio que ya generó controversia en la anterior reforma.
De cara a los próximos meses, la cuestión probablemente ocupará un lugar destacado en la campaña electoral. Queda por ver si las medidas anunciadas se traducen en un programa legislativo concreto y cómo reaccionarán los socios parlamentarios de un eventual gobierno de coalición con formaciones de centroderecha.