El próximo martes, el Consejo de Ministros del Gobierno español dará un paso histórico al aprobar la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una reforma que transformará de manera significativa el proceso penal en España. Esta modificación, que marca un cambio de modelo, trasladará la responsabilidad de la instrucción de los jueces a los fiscales, según han indicado fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press.

El proyecto de ley, que está previsto que entre en vigor en enero de 2028, también contempla la exclusión de los partidos políticos en el proceso de acusación popular. Además, se propone una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ampliaría el mandato del fiscal general del Estado a cinco años, con el objetivo de proporcionar mayor estabilidad a la institución.

Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió esta amplia reforma en una reciente declaración. Aseguró que la nueva LECrim busca alinear el sistema judicial español con los estándares europeos, enfatizando que los jueces se enfocarán en juzgar y ejecutar las sentencias, mientras que la Fiscalía asumirá la responsabilidad de la investigación.

El ministro argumentó que esta reforma es no solo necesaria, sino también más garantista, destacando que un juez de garantías será la autoridad que tenga la última palabra sobre las decisiones tomadas por el Ministerio Fiscal en los casos de investigación penal, lo que añade un nivel adicional de supervisión judicial.