El reciente Informe sobre las Comunidades Autónomas 2024 ha lanzado una fuerte advertencia acerca de la desconexión entre las actividades del Senado y las dinámicas políticas regionales. Según el documento, la Cámara Alta se ha centrado de manera excesiva en el debate político nacional, dejando de lado las preocupaciones específicas de las autonomías. De las 418 preguntas procesadas en 2024, apenas un 25% (111) se relacionaron con cuestiones autonómicas, incluso considerando un amplio margen de interpretación.

Este análisis ha sido llevado a cabo por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, dirigido por los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig, y coordinado por Juan Carlos Covilla Martínez. Su investigación se centra en la labor del Senado durante el año anterior, proporcionando un panorama claro de su funcionamiento.

El informe apunta a que el Senado ha tenido una atención deficiente hacia los asuntos territoriales, sugiriendo que su interés en estos temas surge casi únicamente como respuesta a las dinámicas políticas nacionales y, en particular, al choque entre el gobierno y la oposición. Esta situación ha sido agravada por la creciente polarización en el debate político.

De acuerdo con las conclusiones del informe, el Senado ha operado más como una "cámara de oposición" que como un espacio de diálogo constructivo con el Congreso, lo que ha llevado a un ambiente de enfrentamiento institucional.

Sin embargo, el informe rescata una excepción importante: la actividad de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. A diferencia de la dinámica general del Senado, esta comisión ha mostrado un interés genuino en las iniciativas con implicaciones territoriales, permitiendo que las comunidades autónomas participen de manera activa en el debate nacional.

Aún así, se reconoce que, a pesar de los 10 encuentros realizados por esta comisión en 2024 y de las diversas actividades abordadas, todavía no se ha logrado establecer una conexión efectiva entre las iniciativas aprobadas y los gobiernos autonómicos. Esta falta de comunicación limita el impacto de las mociones que se han promovido.

El informe también revela que, aunque la Comisión General ha proporcionado un medio para que las autonomías se hagan visibles en el debate nacional, lo ha hecho en un contexto que a menudo está influenciado por las dinámicas de los partidos nacionalistas.

Además, se destaca la fuerte conexión del contenido de las preguntas formuladas por los senadores con la agenda política nacional, evidenciando una carencia de enfoque que priorice las instituciones autonómicas. La mayoría de los problemas tratados se refieren a contextos provinciales o locales en lugar de autonómicos, lo que evidencia una falta de atención a las preocupaciones más amplias de las regiones.

En términos de las temáticas que sí abarcaron la agenda autonómica, se han centrado principalmente en asuntos como las inversiones y el gasto estatal en infraestructuras, así como en la gestión de servicios públicos estatales, como la seguridad. Este enfoque se ve reflejado no solo en el número de preguntas, sino también en las interpelaciones, donde solo 13 de 52 estaban relacionadas con el funcionamiento del Estado autonómico, y en las mociones, donde únicamente 33 de 131 trataban temas similares.