En la jornada del 4 de abril, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hizo una declaración que acaparó la atención mediática al valorar la reciente decisión del Gobierno de retirar un recurso ante el Tribunal Supremo. Esta decisión implica que el Estado asumirá la responsabilidad de más de mil menores migrantes en Canarias en un plazo de diez días. Según Torres, es inusual que se dé este paso, planteando así interrogantes sobre la lógica de la actuación gubernamental.

El ministro realizó estas declaraciones durante una visita a El Hierro, donde sostuvo una reunión con representantes de las administraciones locales. La cita se centró en la compleja situación migratoria que afecta a la isla, y tuvo lugar en el Ayuntamiento de El Pinar. Este encuentro fue descrito por Torres como fundamental para abordar los desafíos que se presentan ante la llegada masiva de migrantes.

En el recurso que el Gobierno había interpuesto, la Abogacía del Estado afirmaba que la responsabilidad de acoger a estos menores recaía en la comunidad autónoma de Canarias, independientemente de su estatus migratorio. Esta postura lamentablemente dejó en el aire la cuestión humana que subyace en el tema, centrando el debate más en competencias administrativas que en las necesidades de los niños involucrados.

El ministro explicó que, aunque es habitual recurrir cualquier decisión judicial que afecte al Estado, la reciente reunión con las autoridades canarias resultó ser clave para llegar a un acuerdo. "Es preferible buscar consensos", insistió Torres, subrayando la importancia de la colaboración interadministrativa en este asunto.

Torres destacó que la retirada del recurso es un paso positivo que permitirá a ambas administraciones trabajar juntas. "Es fundamental actuar con sensibilidad, dado que hablamos de menores que han estado en Canarias por periodos prolongados y en muchos casos están escolarizados y en vías de integración", comentó, haciendo un llamado a la responsabilidad colectiva.

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de abordar cada caso de manera individual, lo cual es un punto en el que coincide el Gobierno de Canarias. Es vital encontrar un enfoque que cumpla con los intereses de ambas partes, aseguró. "La retirada del recurso es una señal significativa del compromiso del Gobierno de España hacia la resolución de este asunto", señaló, además de destacar el trabajo conjunto realizado durante más de un año para atender a los menores no acompañados.

Finalmente, Torres reconoció que ha habido diferencias entre las administraciones, pero se mostró optimista ante la inminente convalidación de un real decreto que considera un hito histórico. Por último, hizo un llamado al Partido Popular para que apoyen estas iniciativas en el Congreso, con el fin de dar respuesta a los complejos retos que plantea la migración.