En Madrid, el Consejo de Ministros tiene previsto ratificar este martes, en una segunda sesión, una significativa reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Esta nueva normativa incluye medidas severas que aumentarán las sanciones para quienes vulneren la dignidad de personas con acondroplasia u otras discapacidades al incluirlas en espectáculos, estableciendo multas que oscilarán entre 600.000 y un millón de euros.

Jesús Martín Blanco, director de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, ha confirmado esta iniciativa en declaraciones a Europa Press, destacando la gravedad de las prácticas que se consideran como violaciones a la dignidad humana. Según él, estas acciones se catalogarán como infracciones de alta gravedad, lo que significará sanciones proporcionalmente agresivas.

Martín Blanco ha enfatizado la importancia de endurecer el marco penal contra actos que menoscaben la integridad de las personas con discapacidad, tales como la burla y la degradación en espacios públicos, señalando que este cambio busca erradicar cualquier forma de mofa en nuestra sociedad.

La legislativa prevé que de comprobarse estas acciones, las sanciones administrativas se situarían entre 600.000 y un millón de euros, un contundente llamado a la responsabilidad social respecto a la dignidad de estas personas, especialmente aquellas con enanismo, cuya representación ha sido temática de debate en los últimos tiempos.

El director también destacó que ya existía una prohibición legal que impedía la participación de personas con discapacidades en actividades degradantes. Esta nueva reforma busca reforzar dicha prohibición, evitando que estas prácticas, que son reminiscencias de épocas medievales, encuentren un lugar en nuestra sociedad moderna.

De acuerdo con la disposición adicional decimotercera de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se prohíben los espectáculos que empleen a personas con discapacidad para provocar burla o irrisión, reclamada con urgencia para asegurar el respeto hacia la dignidad humana.

Además, esta reforma responde a un contexto más amplio, marcado por la controversia relacionada con la supuesta contratación de personas con acondroplasia en una celebración privada de alto perfil, lo que ha motivado al Ministerio de Derechos Sociales a solicitar una investigación formal por parte de la Fiscalía y otras instituciones pertinentes.

En relación a este incidente, Martín Blanco ha expresado su preocupación por el uso inapropiado de personas vulnerables en eventos que deberían promover la inclusión y el respeto. A pesar de la seriedad de la situación, ha dejado claro que también se respeta la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.