En el contexto educativo actual, la figura del coordinador de bienestar tiene un impacto muy limitado, según un informe reciente de Educo. Esta constatación pone de manifiesto las deficiencias en tiempo, formación y compensación económica, a pesar de que tal figura existe en la mayoría de los centros educativos.

El estudio titulado "Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos", evalúa los avances en la normativa y los desafíos que persisten para implementar un rol fundamental en la prevención y detección de la violencia infantil. Esta revelación llega justo en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, donde la ONG reflexiona sobre la relevancia del bienestar y la protección en el desarrollo integral de los niños.

Educo resalta que las escuelas tienen una doble función: educar y cuidar. Sin embargo, sin un entorno seguro, el proceso de aprendizaje se ve comprometido. La ONG argumenta que el coordinador de bienestar es crucial para crear espacios libres de violencia dentro del ámbito escolar.

A pesar de que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) fue aprobada hace cuatro años, el verdadero impacto de estos coordinadores es muy escaso. Aunque están presentes en la mayoría de los establecimientos educativos, carecen de las competencias necesarias para llevar a cabo su labor de manera efectiva.

Mónica Viqueira, especialista en Protección de Educo, afirma que el coordinador de bienestar puede ser una herramienta clave en la detección y prevención de diversas formas de violencia, como el acoso escolar o la violencia intrafamiliar. La especialista advierte que esta figura necesita tiempo, formación y el apoyo adecuado para llevar a cabo tareas vitales como la identificación de señales de alerta tempranas y la activación de protocolos de intervención.

El informe subraya las disparidades territoriales que afectan la igualdad en la protección. No existe una legislación uniforme en toda España que estandarice la figura del coordinador de bienestar y protección. Mientras que algunas comunidades, como Castilla y León, no tienen normativa al respecto, otras solo ofrecen directrices que no garantizan una implementación efectiva.

Este desorden se traduce en problemas prácticos, como la escasez de horas asignadas a estos coordinadores. Algunas regiones han determinado tramos de disponibilidad horaria según el tamaño del centro, mientras que otras dejan esta decisión a discreción de la dirección. En varias comunidades, como Andalucía y Baleares, no se establecen mínimos horarios, lo que disminuye la capacidad de estos coordinadores para cumplir con su función.

La falta de reconocimiento económico es otro obstáculo, ya que solo algunas comunidades ofrecen compensación para este puesto. Además, aunque existen criterios mínimos para el nombramiento de coordinadores, la heterogeneidad en las exigencias da lugar a diferencias significativas en la cualificación de quienes asumen estas funciones.

Viqueira enfatiza que no puede ser suficiente designar a cualquier profesor para ocupar este rol crucial. Para garantizar la protección efectiva de los niños, es necesario que los coordinadores dispongan de conocimientos e información específicos y de los recursos necesarios para desempeñar su labor.

A pesar de que se han observado mejoras en la formación de estos coordinadores en los últimos años, muchas iniciativas aún se centran en la capacitación básica y no ofrecen la profundidad y continuidad demandadas para un ejercicio efectivo de la función. Algunos territorios, como Cataluña y Madrid, han desarrollado programas más completos; sin embargo, sigue existiendo un vacío en la educación infantil y en las enseñanzas de régimen especial.

Las escuelas infantiles, que son cruciales para la detección precoz, a menudo carecen de normativas que regulen la presencia de coordinadores. La mayoría de estas instituciones son privadas, dejando así a numerosos niños sin acceso a la protección necesaria. Además, el profesorado que se encarga de esta etapa educativa carece de la formación adecuada.

Por último, el informe destaca la ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas y de coordinación con otros sectores, lo que limita la efectividad de las medidas implementadas. La falta de estándares internacionales de protección infantil en las normativas también es un aspecto crítico que debe abordarse.

Viqueira concluye destacando la necesidad de enfocarse en la prevención de la violencia a través de una planificación y compromiso político sólido. El problema de la violencia infantil es grave y emana efectos adversos a largo plazo sobre la salud mental y el bienestar de los menores, haciendo urgente la necesidad de una intervención más efectiva y coordinada.