La reciente decisión del Gobierno español de avanzar con una regularización extraordinaria de migrantes ha suscitado tanto entusiasmo como críticas. Aprobada durante la última reunión del Consejo de Ministros, esta medida, impulsada por el pacto entre PSOE y Podemos, promete ofrecer una oportunidad a medio millón de migrantes que se encontrarían en situación irregular en el país. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que no habrá implicaciones presupuestarias ni aumentos en personal vinculados a esta regularización.

En un informe presentado para evaluar el impacto de este proyecto de Real Decreto, el Gobierno enfatiza que la regularización no generará costes adicionales significativos y que, de hecho, podría tener un efecto positivo en las arcas del Estado gracias a la recaudación de impuestos de estos futuros trabajadores. Este informe, que fue habilitado para su consulta pública entre el 28 de enero y el 6 de febrero, no se someterá a la habitual evaluación pública debido a su naturaleza urgente.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió la iniciativa argumentando que la regularización facilitará la integración de los migrantes en el mercado laboral, lo que podría contribuir al crecimiento económico nacional. Durante una rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, detalló que el proceso se podrá gestionar a través de diversas oficinas gubernamentales, incluidas las de la Seguridad Social, aunque no aclaró si se dispondrá de una memoria económica que acompañe al decreto.

No obstante, la medida ha sido duramente criticada por algunas organizaciones, incluyendo sindicatos policiales que alertaron sobre la falta de recursos necesarios para gestionar una regularización de esta magnitud sin poner en riesgo la seguridad pública. Jupol, uno de los sindicatos, expresó su preocupación por la carga que esto podría generar en las Oficinas de Extranjería, advirtiendo de un posible colapso debido a la falta de refuerzos en la Policía.

Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha instado al Gobierno a garantizar los canales adecuados para que esta regularización se lleve a cabo de manera eficiente y en beneficio de los migrantes. La propuesta de Real Decreto ha sido apoyada no solo por el Ministerio de Inclusión, sino también por otros ministerios clave, como el de Interior y Exteriores, lo que demuestra un compromiso interministerial con este proceso.

Las comunidades autónomas y diversos organismos también participarán en la evaluación de la regularización, cuya propuesta tiene por objetivo alinearse con el marco europeo sobre inmigración, a pesar de las críticas de la oposición. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ya ha manifestado su rechazo a esta medida, considerándola incompatible con los acuerdos migratorios europeos.

En el pasado, algunos sectores del PSOE habían argumentado que no existía un marco legal adecuado para llevar a cabo una regularización generalizada. Sin embargo, la reciente memoria de impacto normativo argumenta que la nueva normativa podría resguardar a los migrantes, facilitando su inclusión y brindando un efecto positivo en la economía. Por su parte, la Comisión Europea ha declarado que no se pronunciará sobre esta regularización extraordinaria, clarificando que se trata de una cuestión que compete únicamente a cada Estado miembro.

Desde el Gobierno se sostiene que esta iniciativa no solo es acorde con los derechos legales y jurídicos de la Unión Europea, sino que además se sustenta en el artículo 149.1.2ª de la Constitución Española, que otorga al Estado la competencia exclusiva en asuntos de inmigración y extranjería. En paralelo a la regularización, se ha debatido una histórica solicitud de traspaso de competencias migratorias a Cataluña, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual.

Finalmente, se argumenta que incorporar a migrantes al sistema laboral español puede ser clave para enfrentar el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, al proporcionar una mano de obra joven capaz de sostener el crecimiento económico del país. El impacto de la regularización en la infancia y las familias también es visto como positivo, dado que se espera que dé estabilidad a aquellos que hasta ahora han estado en la informalidad. Sin embargo, el Gobierno no tiene previsto realizar un análisis post implementación de esta medida, lo que ha llevado a preguntas sobre la transparencia y la eficacia del proceso a largo plazo.