En Madrid, el 29 de enero, dos obispos españoles han expresado su fuerte desacuerdo respecto a la reciente regularización extraordinaria de migrantes que fue aprobada por el Gobierno. Argumentan que "no todos pueden ser recibidos" en el país y llaman a un debate en el Parlamento que contemple "los matices necesarios".

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha manifestado su preocupación declarando que "no caben todos" los migrantes en España y ha instado a implementar "medidas sensatas" en lugar de una regularización que él considera precipitada.

En un mensaje compartido en la plataforma 'X', Sanz refuerza su postura citando el versículo "Fui extranjero y me acogisteis" (Mateo 25) y sugiriendo que, aunque los inmigrantes merecen ser acogidos, es crucial establecer criterios claros y responsables, evitando posturas populistas que podrían permitir que personas no deseadas entren al país.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se une a esta crítica, acusando al Gobierno de instrumentalizar a los migrantes en un intercambio político. Ha solicitado que el asunto sea discutido en el Parlamento con "los matices convenientes".

Munilla ha planteado una incómoda comparación entre el aumento de las pensiones en el ‘decreto ómnibus’ y la regularización de inmigrantes. Levanta la duda sobre el verdadero propósito de ambas medidas, sugiriendo que son tácticas gubernamentales para alcanzar otros objetivos.

El obispo critica lo que percibe como un desprecio del Gobierno hacia ambos grupos: pensionistas e inmigrantes, a quienes considera utilizados como herramientas para la política. Además, sostiene que existe cierta conciencia ética entre la población española que aboga tanto por dignificar a los jubilados como por ayudar a regularizar a aquellos inmigrantes que realmente contribuyen a la sociedad.

Sin embargo, recalca que el enfoque de abordar estos temas sensibles “por la puerta de atrás” impide el diálogo necesario dentro del Parlamento y limita la discusión de aspectos cruciales.

Estas declaraciones chocan con las opiniones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien celebró la medida como un "reconocimiento de la dignidad humana" y una manera de contribuir al bien común.

Argüello enfatizó que esta regularización ofrece una oportunidad para que quienes ya están trabajando en el país, pero sin acceso a beneficios, puedan regularizar su situación. No obstante, también hizo hincapié en que esta iniciativa debió haberse planteado "hace meses", sugiriendo que ahora se está aprovechando un “momento de oportunidad política”.

En un vídeo compartido por la CEE, Argüello recordó que laregularización fue una demanda de las organizaciones que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que podría haberse hecho efectiva mucho antes si existiera voluntad política.