El Gobierno español ha aprobado una nueva normativa que permite a los migrantes regularizados trabajar tanto como asalariados como autónomos durante un año. Esta medida se incluye dentro del proceso extraordinario de regularización y se encuentra diseñada para facilitar la integración laboral de aquellos que presenten sus solicitudes adecuadamente. Esta información se deriva de un decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería, y que fue hecho público el 28 de enero.

La nueva regulación se centra en dos grupos de migrantes: aquellos que soliciten protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y los demás migrantes que ya lleven en España un mínimo de cinco meses desde el 31 de julio de 2025. Estos grupos podrán residir y trabajar en España de manera provisional mientras se resuelve su solicitud.

Los migrantes autorizados bajo esta normativa tendrán la capacidad legal para trabajar en cualquier sector de actividad dentro del territorio español. Esta autorización temporal durará un año con la posibilidad de extenderse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como alcanzar la edad mínima de aceptación laboral.

En el caso de quienes soliciten protección internacional, el acto de presentar dicha solicitud interrumpirá cualquier procedimiento pendiente asociado a solicitudes anteriores hasta que se tome una decisión definitiva. Si su solicitud es aceptada, la autorización definitiva será retroactiva al momento en que se otorgó la provisional.

Los extranjeros que deseen beneficiarse de esta regularización deberán demostrar que han estado en España antes de la fecha límite impuesta y, en el caso de no ser solicitantes de protección, deberán haber residido al menos cinco meses continuos en el país. La presentación de documentos será clave para comprobar estas condiciones.

Asimismo, todos los solicitantes deberán acreditar que no tienen antecedentes penales en España ni en los países donde hayan vivido en los últimos cinco años. Eso incluye demostrar que no suponen una amenaza para la seguridad o la salud pública y que no tienen restricciones de entrada en España.

El decreto también prevé ciertas excepciones. Si un migrante no logra obtener el certificado de antecedentes penales en el plazo requerido, el Gobierno tiene la capacidad de buscar esta información directamente. En caso de que pasen más de 30 días sin recibir respuesta, se podrá asumir que el solicitante no tiene antecedentes penales.

El actual Gobierno enfatiza la importancia de este requisito, argumentando que es fundamental para proteger los intereses de la sociedad española. Además, se señala que se prestará atención a aquellos delitos que se consideran más relevantes, lo que se refleja en la disposición normativa.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, destacó recientemente el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE para llevar a cabo esta regularización extraordinaria. Según ella, se establecieron criterios claros, que incluyen la exclusión de antecedentes penales significativos como un requisito fundamental para acceder a la regularización.

El objetivo de esta normativa es ayudar a aquellos migrantes que ya están en España desde hace tiempo y que no han podido regularizar su situación a través de los procesos habituales. La medida se aplica a todos los migrantes, sin distinción de nacionalidad, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.

Entre los beneficios adicionales, esta reforma establece que los hijos menores o mayores con discapacidad de los solicitantes también podrán ser regularizados simultáneamente, recibiendo un permiso de residencia de duración de cinco años, además de incluir otros familiares en el proceso.

Para los migrantes económicos, se han establecido requisitos adicionales, como haber trabajado durante su estancia en el país o presentar un contrato laboral. También se contempla el contexto familiar y situaciones de vulnerabilidad, las cuales serán evaluadas por las entidades competentes en asistencia social.

Finalmente, el Gobierno sostiene que esta reforma busca profundizar los objetivos del Reglamento de Extranjería, facilitando el acceso a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales y otorgando mayor seguridad jurídica a quienes ya residen en España, asegurando así el pleno ejercicio de sus derechos.