El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha expresado su indignación ante la cifra de aproximadamente mil casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Según los informes del Defensor del Pueblo, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y de la propia Iglesia, este problema es "lamentable, execrable y condenable". García Magán reconoce que los abusos a menores son un problema de la sociedad en general, pero que tienen una gravedad especial en el contexto religioso.

En una entrevista con Europa Press, García Magán ha señalado que los abusos sexuales tienen un "plus de gravedad" en el ámbito religioso debido a la necesidad de coherencia y ejemplaridad por parte de las organizaciones religiosas. Sin embargo, también destaca que los abusos sexuales son igualmente graves en el ámbito familiar, que es el círculo más cercano de pertenencia de los individuos.

A pesar de esto, el secretario general de los obispos subraya que no quiere entrar en una "guerra de números" y enfatiza que un solo caso de abuso sexual es suficientemente grave. Su objetivo es centrarse en escuchar, acoger, reparar y prevenir futuros abusos.

En relación al informe Cremades, García Magán explica que este no es el informe de la Iglesia, sino una herramienta para la Iglesia en su lucha contra los abusos. A pesar de los retrasos en la entrega del informe, que han afectado a las víctimas y dificultado el trabajo de la Iglesia, los obispos seguirán analizando los datos y los integrarán en su trabajo.

La Conferencia Episcopal considera que el informe Cremades ha presentado duplicidades en la contabilización de los casos de abuso. Además, señala que estas cifras no representan el número total de víctimas, ya que algunas han fallecido y otras no han revelado los hechos. Desde la Iglesia se insiste en respetar la manera en que cada persona gestiona su trauma y dolor.

En cuanto al fondo de compensación propuesto por el Defensor del Pueblo, la CEE sugiere que debería beneficiar a todas las víctimas de abuso, no solo a las de la Iglesia. Si se limita a las víctimas de la Iglesia, la institución gestionará el fondo, como ya ha ocurrido en algunas congregaciones religiosas.

García Magán indica que no tienen una cantidad específica para este fondo debido a las indemnizaciones fijadas por los jueces y a la responsabilidad primaria del victimario en la reparación. Sin embargo, la Iglesia está dispuesta a analizar cada caso y realizar reparaciones cuando haya una certeza moral de los abusos.

El objetivo de la Iglesia es erradicar los abusos y colaborar con todas las instituciones y confesiones que deseen combatir este problema. Se ofrece toda la experiencia y el trabajo realizado hasta el momento, además de una disposición total para colaborar con la autoridad judicial.