El reciente establecimiento del Consejo Estatal de Protección Animal ha generado expectativas sobre cómo se abordarán los desafíos relacionados con la normativa de bienestar animal en España. Este organismo, creado en septiembre de 2025, se propone coordinar esfuerzos entre las administraciones públicas y el sector privado para enfrentar y reducir los conflictos que surgen de la aplicación de estas leyes.

El Gobierno ha manifestado su intención de apoyarse en este consejo para supervisar las políticas públicas, planes y acciones que afectan el bienestar y protección de los animales. Esto incluye evaluar los recursos necesarios, tanto técnicos como económicos, para llevar a cabo sus propuestas.

Las responsabilidades del Consejo abarcan la tarea de examinar las iniciativas legislativas que surgen del ministerio correspondiente a la protección y bienestar animal. Además, el Consejo tendrá un papel crucial en la revisión del Plan Estatal de Protección Animal antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros.

En su respuesta a las consultas del Grupo Popular, el Gobierno también ha resaltado que el Consejo se encargará de establecer criterios generales para la protección animal, enfocándose en aspectos como la gestión de voluntariado, la lucha contra el abandono y la promoción de una tenencia responsable de mascotas.

Este organismo tiene la misión de recopilar datos y generar informes sobre los avances en materia de derechos, protección y bienestar animal, trabajando en conjunto con las comunidades autónomas. También se compromete a solicitar la información necesaria para desempeñar sus funciones desde diversas instancias gubernamentales y entidades locales.

Adicionalmente, el Consejo evaluará y revisará informes sobre la situación actual de la protección animal antes de su publicación. El Ejecutivo ha elogiado la primera reunión del Consejo, que se llevó a cabo el 25 de septiembre con una participación destacada de sus vocales.

La reunión incluyó a representantes de varios ministerios, comunidades autónomas y de la sociedad civil, asegurando una representación plural y equilibrada. La creación de un espacio donde participen tanto las instituciones públicas como los sectores económicos ya ha sido identificada como una prioridad inicial en su funcionamiento.

El marco normativo que regula el consejo prevé la formación de grupos de trabajo y comisiones para abordar asuntos específicos que interesen a los diversos actores del ámbito de la protección animal. Así se responde a las inquietudes planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, que ha solicitado claridad sobre las expectativas del Gobierno respecto a este nuevo consejo.

Asimismo, los representantes del Partido Popular han indagado sobre cómo se asegurará que el Consejo actúe como un foro constructivo y efectivo, así como cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar a través de este. Preguntas sobre las medidas concretas que el Gobierno planea implementar, así como la financiación y los plazos para su ejecución, también han sido parte del interés del grupo opositor.