Polonia: la Policía defiende la legalidad de su actuación en el Tribunal Constitucional

La Policía polaca aseguró este domingo que sus intervenciones en las inmediaciones del Tribunal Constitucional, en Varsovia, se ajustaron a la legislación vigente. La defensa llega tras el despliegue del viernes y el sábado, en plena crisis por la composición de la cúpula de la corte.

En una carta publicada en redes sociales, el comandante en jefe de la Policía, Marek Boron, explicó que la presencia de los agentes era necesaria para proteger tanto a las personas que se encontraban dentro de la institución como a los miles de ciudadanos que se congregaron en el exterior. Según Boron, los agentes cumplen las funciones recogidas en la Ley de Policía, entre ellas la protección de la vida, la salud y los bienes, y el mantenimiento del orden público.

Boron reivindicó la independencia del cuerpo frente a intereses políticos o particulares y afirmó que "la Policía nunca es parte de ningún conflicto". Asimismo, aseguró que actuará como "un escudo protector" frente a cualquier intento de utilizar a la institución para acciones ilegales, y pidió cohesión interna, advirtiendo de que "socavar la unidad de la formación" dificulta su misión.

El conflicto tiene su origen a principios de este año, cuando el presidente Karol Nawrocki se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. Después, también se negó a prestar juramento a Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, designado como juez del Tribunal Constitucional.

El viernes por la tarde, la agencia PAP informó de que el presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes, y que la jueza Anna Korwin-Piotrowska se había proclamado nueva presidenta del tribunal. La corte respondió en sus redes sociales que la web había sido objeto de una "toma ilegal" y que quienes participen en estas actividades "están cometiendo el delito de golpe de Estado".

Por su parte, Donald Tusk afirmó que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que, tras años de arbitrariedad, se ha iniciado "un proceso difícil, a veces doloroso", que requiere "una acción decidida" porque "no hay otro camino".