El 27 de diciembre de 2025, distintas organizaciones enfocadas en la protección de los derechos de migrantes y refugiados han advertido sobre un panorama desalentador en España y la Unión Europea, donde se evidencian políticas migratorias cada vez más severas y un alarmante incremento de discursos de odio hacia los extranjeros.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) destaca que este año quedará en la memoria como uno en el que las autoridades europeas continuaron promoviendo estrategias antimigratorias que ponen en peligro los derechos humanos fundamentales.

CEAR también subraya que estas medidas "socavan la convivencia y la cohesión social", además de propiciar un entorno propicio para la proliferación de discursos y crímenes de odio. Recuerdan, por ejemplo, los incidentes ocurridos en Torre-Pacheco (Murcia) el pasado verano, donde una campaña de desinformación promovida por grupos extremistas resultó en una cacería de migrantes.

En este contexto, la ONG considera que el año 2026 será crucial para determinar el rumbo de las políticas migratorias en la Unión Europea y en España. "Todavía tienen la oportunidad de establecer enfoques migratorios que coloquen en primer plano a las personas y terminen con el estigmatización que sufren los migrantes y refugiados, especialmente los niños y adolescentes sin apoyos familiares", añaden.

Disponen, además, de la nueva Ley de Asilo como un punto de inflexión que permitiría al Gobierno español promover un modelo de Europa que no renuncie a sus valores fundamentales y que apueste por un futuro más esperanzador.

Por parte de Accem, se establece que la situación migratoria sigue siendo problemática, describiéndola como un "drama humanitario grave", a pesar de que el número de llegadas irregulares y de muertes ha disminuido ligeramente en comparación con los años previos.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, del 1 de enero al 15 de diciembre de 2025, 35,935 personas llegaron a España mediante rutas marítimas y terrestres, una cifra que ilustra la peligrosidad de estas travesías, en las que muchas personas arriesgan su vida em busca de protección.

Accem también resalta el "esfuerzo constante en atención y acogida" realizado a lo largo de este año, gestionando cerca de 14,000 plazas para migrantes a través de sus programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria. Más de 5,000 plazas han sido dirigidas a la asistencia de solicitantes de asilo durante su integración, mientras que cerca de 9,000 han sido utilizadas para emergencias humanitarias.

En paralelo, expresan su preocupación por el aumento de discursos xenófobos, que han derivado en "incidentes alarmantes" a lo largo del año, amenazando la convivencia y los derechos básicos de la población. Frente a esta situación, instan a promover un enfoque basado en los derechos humanos y la solidaridad.

Particularmente preocupante es la situación de los menores migrantes no acompañados, quienes se han convertido en dianas de tales discursos de odio, impactando negativamente su bienestar y protección.

Asimismo, accem alerta sobre la "deriva inquietante" de las políticas en España, Estados Unidos y la Unión Europea, caracterizadas por un enfoque cada vez más restrictivo hacia migrantes y refugiados.

Por último, la organización expresa su preocupación por la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, haciendo hincapié en la necesidad de abordar sus aspectos más problemáticos, como el establecimiento de centros para solicitantes de asilo en terceros países.

Red Acoge, por su parte, evalúa la gestión del Gobierno español en materia migratoria durante 2025 como "decepcionante", constatando que los avances han sido limitados y carecen de una respuesta a los problemas estructurales subyacentes.

Critican la falta de medidas concretas para detener el crecimiento de discursos de odio, lo que, según la ONG, tiene repercusiones serias sobre la seguridad y bienestar de la población extranjera y de la sociedad en general.

Además, manifiestan su descontento con las enmiendas al Reglamento de Extranjería, descritas como "insuficientes" y en algunos aspectos como un "retroceso" significativo. Denuncian que no se ha logrado una reforma sustancial que facilite el ingreso legal a España de aquellos que lo necesitan.

En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a regularizar a medio millón de extranjeros, Red Acoge sostiene que esta es una "asignatura pendiente" que el Gobierno no ha sabido abordar, al priorizar otros asuntos menos urgentes.

La organización también critica la falta de eficacia y voluntad política para proteger a los menores migrantes no acompañados, enfatizando que la intolerancia y discursos de odio de ciertos gobiernos autonómicos están comprometiendo su seguridad y bienestar.

Finalmente, Entreculturas expresa su inquietud por la reciente aprobación de políticas de migración más duras, que facilitan las deportaciones y amplían la definición de "país seguro," lo que podría comprometer el derecho al asilo y exponer a más personas a violaciones de derechos humanos.

Advierte, además, sobre los crecientes discursos de odio entre los jóvenes, exacerbados por el entorno digital y la extrema derecha, un fenómeno que podría desestabilizar aún más la cohesión social y obstaculizar el logro de los objetivos globales para 2030.

En resumen, aseguran que la falta de vías legales y seguras para la migración no solo pone en riesgo la vida de los inmigrantes, sino que también alimenta a redes criminales, causando estragos físicos y psicológicos en quienes emprenden estos peligrosos viajes.