Crónica España.

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PDLI alerta que acusar a periodistas por su labor atenta contra la libertad de prensa y solicita el fin de juicios penales.

PDLI alerta que acusar a periodistas por su labor atenta contra la libertad de prensa y solicita el fin de juicios penales.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha manifestado su inquietud tras la decisión del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid de iniciar una investigación contra cuatro periodistas. Este proceso se debe a la supuesta revelación de secretos tras informar sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relacionado con materiales recogidos en la oficina de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta investigación es parte del caso que está siendo examinado por el Tribunal Supremo, que involucra a Rodríguez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Jacobo Dopico, jurista de la PDLI y catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, defendió la labor periodística, subrayando que está amparada por la Constitución. Según él, no debería ser penalizada simplemente porque la fuente de la información provenga de una posible filtración en una investigación penal. "La libertad de prensa está claramente protegida por la garantía constitucional", indicó Dopico, remarcando que el estatus de la fuente no modifica esta protección.

Dopico mencionó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reiterado que los derechos de la libertad de prensa deben ser respetados, incluso si la fuente ha incumplido un deber de confidencialidad. Ha señalado que existen múltiples ocasiones en las que este tribunal ha sancionado a diversos Estados por perseguir a periodistas o allanar sus oficinas por la difusión de información derivada de filtraciones presuntamente ilegales.

El jurista citó varios casos emblemáticos, como los de Roemen & Schmitt contra Luxemburgo (2003), Ernst y otros contra Bélgica (2003), Tillack contra Bélgica (2007), Voskuil contra los Países Bajos (2012) y Nagla contra Letonia (2013) como ejemplos de la postura firme del TEDH en la defensa de la libertad de prensa.

En su comunicado, la Plataforma reafirmó que las autoridades judiciales en España tienen la obligación de adherirse a lo estipulado por el TEDH, tal y como se recoge en el artículo 10.2 de la Constitución Española. Por tal motivo, hicieron un llamado para que se detengan de inmediato todas las acciones penales contra los periodistas involucrados, cuya única transgresión ha sido informar sobre asuntos de relevancia pública. Además, anunciaron su intención de elevar el caso a las entidades europeas que respaldan la libertad de prensa.

De acuerdo con información de 'El País' y confirmaciones por fuentes legales a Europa Press, los cuatro redactores han sido convocados para declarar el 19 de junio como investigados. Ellos pertenecen a 'El País', 'El Mundo' y '20 Minutos', y su implicación se origina por los reportes hechos el 25 de noviembre sobre el informe de la UCO que abarcaba las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos obtenidos de Rodríguez, bajo orden del Tribunal Supremo.

Este desarrollo se produce después de que el instructor del caso en el TS transmitiera en diciembre las "quejas" de la Abogacía del Estado, representando a Rodríguez y García Ortiz, en relación a supuestas filtraciones contenidas en el informe de la Guardia Civil, que surgió tras un registro en la oficina de la fiscal provincial el 30 de octubre.

El informe en cuestión señala que el fiscal general tuvo un papel considerable en los acontecimientos que llevaron a la filtración objeto de investigación, a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este documento incluye un cronograma detallado de las comunicaciones que tuvo Rodríguez con otros miembros de la Fiscalía sobre los hechos en cuestión, incluidas las conversaciones con García Ortiz la noche anterior a la divulgación de la nota de prensa que se está examinando.

El magistrado del Tribunal Supremo ha enviado el caso a los juzgados de Plaza de Castilla con el fin de que se tomen las medidas oportunas, recordando que el alto tribunal solo tiene competencia para investigar actos presuntamente cometidos por aquellos que, debido a su posición, gozan de aforamiento.