En medio de la polémica, se alerta sobre la implementación de prestaciones económicas insuficientes que buscan evitar las listas de espera y la contratación de cuidadores sin la debida cualificación.

MADRID, 13 de junio.

Las Patronales de Dependencia han expresado su oposición a la propuesta de reforma de la Ley de Dependencia presentada por el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, argumentando el peligro de "uberización".

"Con esta modificación, el Gobierno corre el riesgo de llevar a cabo una uberización de los servicios destinados a la dependencia, con prestaciones económicas mínimas que buscan reducir las listas de espera de manera apresurada", han afirmado.

Además, han señalado que esta situación podría dejar la responsabilidad del cuidado de personas dependientes "en manos de cuidadores sin formación adecuada, y va en contra de la profesionalización del sector, a pesar de que se promueva como un avance el derecho de los dependientes y sus familias a tomar decisiones".

También han criticado la inclusión de personas del entorno familiar como cuidadoras, considerando que va en contra de la profesionalización de los cuidados y elimina la excepcionalidad que la ley establece para las prestaciones familiares en comparación con los servicios profesionales.

Asimismo, han destacado que la Ley de Dependencia está diseñada para satisfacer las necesidades de las personas dependientes, que requieren atención y cuidados especializados según su nivel de dependencia. Advierten que con un cuidador informal no se puede garantizar el cuidado adecuado, lo que podría llevar a que la persona dependiente se vea limitada a estar recluida en casa sin un cuidado profesional, sin formación adecuada para los cuidadores, sin supervisiones y sin garantías sobre su salud física, mental y emocional.

También han afirmado que la modificación es injusta para los cuidadores, quienes deben atender durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a personas altamente dependientes, careciendo en muchos casos de los conocimientos necesarios para brindar los cuidados adecuados.

En este contexto, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Gamboa, ha criticado la decisión del Gobierno, afirmando que pone en riesgo los derechos de las personas dependientes y va en contra del espíritu y la letra de la Ley de Dependencia. Advierte que se corre el riesgo de reducir la ley a una simple prestación económica, poniendo en peligro los cuidados, la salud y el bienestar de las personas más vulnerables de la sociedad.

Por último, las Patronales de la Dependencia han manifestado que la solución radica en una financiación adecuada y suficiente para los servicios. Critican los planteamientos inadecuados y las decisiones improvisadas que ponen en peligro el sistema y afectan a los usuarios y trabajadores del sector, advirtiendo que podrían deshacer el progreso logrado en años anteriores en la prestación de servicios profesionales y de calidad a las personas dependientes.