Crónica España.

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Partidos nacionalistas y de izquierda censuran a Interior por trato a saharauis en Barajas.

Partidos nacionalistas y de izquierda censuran a Interior por trato a saharauis en Barajas.

En un hecho que ha generado controversia en el ámbito político, EH Bildu, PNV y Podemos han cuestionado la actuación del Ministerio del Interior respecto a los solicitantes de asilo saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La representante de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha exigido al Gobierno que detenga la deportación de los solicitantes de asilo retenidos en Barajas y que corrija su postura, argumentando que va en contra de la supuesta voluntad del gobierno de ser un país respetuoso con los derechos de los solicitantes de protección internacional y migrantes.

La formación señala que resulta incomprensible que el Gobierno permita la expulsión de las personas que buscan ayuda, y destaca la necesidad de que España muestre humanidad y solidaridad con el pueblo saharaui, que en su momento confió en la protección del Estado y que ahora se siente abandonado.

Por su parte, Aitor Esteban Bravo, del PNV, ha denunciado que está confirmado que se trata de saharauis según los registros. Afirma que España no puede garantizar que no sufrirán represión o prisión al ser devueltos a Marruecos, y visibiliza la grave situación a la que podrían enfrentarse.

En otra postura crítica, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha expresado que la extrema derecha tiene influencia en España, incluso sin estar en el gobierno, cuando el ministro Marlaska deporta a activistas saharauis a Marruecos, poniendo en peligro sus vidas.

Néstor Rego, del BNG, ha solicitado "paz" para el Sáhara y el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, en lugar de la deportación como solución.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que los solicitantes de asilo que no cumplan con la ley y que hayan sido ratificados judicialmente como no elegibles serán deportados, aunque destaca la colaboración con ACNUR para analizar cada caso de manera individual y determinar si procede la protección internacional o la expulsión.